Que los principales problemas de la educación española tienen que ver con el alto fracaso escolar, la necesidad de refuerzo de los alumnos inmigrantes, el escaso dominio del inglés, la falta de una carrera para los profesores y la escasez de plazas de guardería lo saben los partidos, a la vista de los programas electorales. Sobre estas cuestiones, con algunas discrepancias y presentando unas propuestas más realistas que otras, todos proponen acciones, lo que haría posible un pacto entre los dos principales partidos, si no fuera porque las propuestas con contenido ideológico siguen impregnando esas otras medidas.
Sin embargo, la base de sus propuestas políticas en el terreno educativo no tiene que ver con esos problemas sino con iniciativas de tinte más ideológico que educativo. Así, el programa de los populares revela una vuelta a la derogada Ley de Calidad y el de los socialistas es continuista con un programa con muy pocas concreciones, poco reglamentarista (al revés que el del PP), que defiende el modelo flexible implantado en las leyes que se han aprobado en esta legislatura, que dan amplias competencias a colegios, universidades y comunidades.
El PP promete un modelo muy basado en la competitividad (individual y colectiva), similar al de la Ley de Calidad, con itinerarios a los 15 años incluidos, una de las medidas más polémicas, e incluso proponiendo que se den ventajas fiscales «para promover la participación del sector privado» en la creación de guarderías. Los populares impulsaron esa ley cuando gobernaba y ha sido derogada a iniciativa de los socialistas. Pero este partido hace además hincapié en varias partes de su programa en cuestiones competenciales de las comunidades, como la necesidad de «garantizar» la enseñanza del castellano en las que tienen dos lenguas, una competencia que reclaman las comunidades; en promover la «vertebración» del sistema educativo, o en obligar por ley a que todos los centros privados tengan «derecho al concierto» si cumplen unos requisitos, algo que no comparten algunas comunidades autónomas, como Andalucía, que prefieren apostar por la pública.
Este partido quiere quitar Educación para la Ciudadanía y volver a poner una alternativa sobre «valores cívicos» parecida a la de Hecho Religioso de la Ley de Calidad. El PP quiere además hacer ranking de colegios y universidades, que todos los centros privados y que no se pueda pasar de curso con más de dos suspensos en el bachillerato (el Gobierno acaba de flexibilizar el modelo para intentar que haya más alumnos que lo cursen).
En el terreno universitario tiraría además por la borda dos iniciativas socialistas de la legislatura que acaba: el sistema de elección de profesores y el de elaboración de los títulos oficiales de cara a la convergencia universitaria europea.
Las tesis ideológicas opuestas se han ido traduciendo en leyes opuestas, en vuelcos al sistema educativo. El informe PISA 2006, sobre el nivel de la educación en los países más desarrollados, hizo saltar de nuevo las alarmas. Los alumnos españoles van mal. O no lo suficientemente bien como deberían, en comparación con los países de referencia de España, aunque la educación haya avanzado mucho en los últimos 15 años.
La inestabilidad en la que está inmersa la educación española desde que el PP ganó las elecciones y después el PSOE y todos decidieron cambiar no sólo la legislación sino, sobre todo, todos los principios que regían cada ley es lo que -según la mayoría de expertos y también tal y como se desprende de los resultados de los estudios- está haciendo mella en todo el sistema.
El programa socialista promete «estabilidad legislativa«. Ahora bien, si no ganan, ¿aceptaran pactar para lograr esa estabilidad cuando los populares les pongan sobre la mesa sus promesas electorales? Es altamente improbable. Los socialistas han reconocido en diversas ocasiones que la base de la Ley de Calidad era «inaceptable» para ellos. Impulsaron la actual norma -Ley Orgánica de Educación (LOE)- por esa razón. De no haber existido la Ley de Calidad hubieran realizado ajustes a la LOGSE para solucionar los problemas que surgieron a lo largo de su aplicación.
Al final, el sistema educativo no avanza, ni mejora el fracaso escolar con iniciativas de ámbito nacional (porque algunas comunidades sí están trabajando en ello), ni el inglés, ni las nuevas tecnologías, etcétera. Porque las leyes al final, con los cambios políticos no se acaban de aplicar, cambian y cambian por esos contenidos ideológicos que impregnan los programas.
[busqueda cursos=»grado,posgrado,master,licenciatura,diploamtura,cursos de especialización»]
Emprendedor, Empresario, Inversor y Busines Angel en el sector TIC de las TI. Fundador de más de 10 empresas y experto en Transformación Digital, Growth Marketing, RPA y automatización.
