Me encantó El mago del Kremlin. Bastante menos me gusta reconocer, al abrir X, esa afición del poder a disponer el mundo como un escenario y a repartir entre los ciudadanos papeles que nadie ha pedido. A mí, en la discusión sobre Mari Carmen, me tocó el de propietario sospechoso. Bastó preguntar por las responsabilidades del Gobierno para que empezara el reparto.
En la película de Olivier Assayas, adaptación de la novela de Giuliano da Empoli, Jude Law interpreta a Putin y un asesor procedente del espectáculo participa en la construcción de su poder. Me interesa esa procedencia. Un hombre acostumbrado a fabricar representaciones entra en política, donde puede trabajar con un material mucho más agradecido: nuestras ganas de creer. Desde esa perspectiva, el ciudadano que exige explicaciones resulta un espectador algo molesto. Se empeña en mirar detrás del decorado.
Pensaba en esa relación entre espectáculo y poder mientras leía el mensaje de Irene Montero: «No es una muerte, es un asesinato». Hablaba de Mari Carmen. Una respuesta señalaba al PP como culpable. En otros mensajes, la acusación recaía sobre el capitalismo, las políticas de derechas o PP y Vox. La explicación estaba terminada antes de que aquella conversación hubiese reconstruido qué ocurrió y quién pudo evitarlo.
Faltaba en ese reparto una voz bastante pertinente: la de Mari Carmen. En la entrevista de RTVE publicada el 23 de septiembre, responsabilizaba a Pedro Sánchez de su situación, reprochándole su falta de atención a los desahucios. Después señalaba a Ayuso y Almeida, y cuestionaba a la propiedad. Su reproche alcanzaba a varias administraciones. Quienes pretendan convertirla en un argumento contra la oposición tendrán que explicar qué hacen con la parte de su testimonio que apunta al presidente del Gobierno.
Aquí la comparación con el cine encuentra un oficio concreto: el montaje. Circula un fragmento que termina dejando únicamente la acusación a Sánchez. La entrevista continúa. Conservar solo ese nombre mutila su reproche; omitirlo también. A una mujer se la puede convertir en símbolo con tanta aplicación que acabe sobrando lo que dijo. Yo prefiero escucharla antes de que cada cual pase las tijeras.
La palabra «asesinato» tiene una eficacia que ningún informe administrativo puede disputar. Coloca al lector ante un crimen y le exige escoger bando. Quien intenta preguntar por las competencias, las medidas adoptadas o la gestión del Gobierno parece haberse presentado en un duelo para discutir la factura de las flores. Se le retira la condición de interlocutor y se le examina el corazón. Es un procedimiento excelente para ganar discusiones que se desea evitar.
Ahí sitúo al mago de la Moncloa: en esa forma de hacer política que encuentra en la culpa del adversario un refugio contra el examen de la propia gestión. El Gobierno sale beneficiado cuando una parte del público vigila al que pregunta con más celo que al que gobierna. En las respuestas que recibí, esa vigilancia se veía bastante bien.
Una cuenta me ordenó callarme. Otra interlocutora había ido más lejos en sus pesquisas: «Acabo de mirar a qué te dedicas y eso lo explica todo». Había visitado mi perfil. La investigación sobre la política de vivienda española quedaba resuelta gracias a mi actividad profesional. Ni expedientes ni presupuestos: mi biografía. Comprendí que podía ahorrarme unos cuantos argumentos; ya me habían confeccionado el personaje.
En una película, el reparto facilita que sigamos la historia. En una discusión pública, esa misma comodidad puede ahorrarnos el trabajo de pensar. El propietario comparece con la codicia incorporada; quien critica al Gobierno recibe un carné de la oposición aunque no lo haya solicitado. Después, cualquier cosa que diga sirve para confirmar el papel. Me interesa precisamente esa pérdida de libertad: seguir hablando mientras los demás solo escuchan al personaje que han decidido que eres.
También había intervenciones que merecían una discusión distinta. Joaquim Bosch cuestionaba la desprotección ante el mercado; Ismael Serrano denunciaba las burlas contra la anciana. No hace falta unirse a ninguna procesión partidista para rechazar esas burlas. Y otro participante preguntaba por las alternativas del PP y las competencias autonómicas. Son preguntas que deben contestarse. Precisamente por eso me niego a que las dirigidas al Gobierno central sean recibidas como una profanación.
La ficción de Assayas me lleva a fijarme en lo que desaparece cuando una explicación ocupa toda la pantalla. En estos hilos desaparecía con demasiada facilidad la responsabilidad de gobernar. Se mezclaban años de políticas, votaciones distintas y el caso de una mujer concreta. El BOE recoge la derogación del Real Decreto-ley 2/2026 el 26 de febrero y la del Real Decreto-ley 26/2026 el 2 de octubre. Determinar qué protección correspondía a Mari Carmen exige seguir su caso. Una votación merece escrutinio; convertirla en explicación completa de una muerte exige bastante más que indignación.
Gobernar sin mayoría suficiente incluye negociar. Presentar una medida y perderla no agota el encargo, ni borra lo ocurrido durante la gestión anterior. Hay que explicar qué se intentó, qué alternativas había y por qué fracasó. Quien vota en contra también debe responder. Pero resulta una extravagancia democrática que pedir cuentas al Ejecutivo te convierta en abogado de sus adversarios. Para reclamar al Gobierno no debería ser obligatorio adjuntar una condena de toda la oposición, compulsada y por triplicado.
En aquella discusión acabé contando mi experiencia: había solicitado una compensación con la gestión de Rentuos, no había cobrado y había recuperado una vivienda con daños. Me respondieron con enlaces a ayudas. Reconocí entonces otra distancia que la película invita a observar: la que separa la representación pública de las cosas que uno puede tocar. Yo hablaba de un expediente y una casa; la respuesta me llevaba a un anuncio.
Las ayudas existen y hay pagos. La Comunidad de Madrid comunicó en febrero de 2025 que había abonado más de 1,3 millones de euros en compensaciones. La información de elDiario.es citada en el hilo recogía en marzo de aquel año 4.118 solicitudes, algo menos de la mitad abonadas, con datos territoriales incompletos. Entre las restantes había expedientes pendientes y denegados. Todo eso permite discutir cómo funciona el sistema. Nada de eso resuelve por sí mismo el mío.
También apareció una noticia sobre 300 millones para una línea de avales, un instrumento diferente. El número ocupaba mucho espacio; la explicación de qué tenía que ver con mi solicitud, bastante menos. La Administración electrónica nos ha traído adelantos formidables. Aún no permite pagar al albañil con el enlace de una rueda de prensa.
He decidido no devolver esa vivienda al alquiler por el coste de repararla y las condiciones económicas que encuentro. Es una decisión individual, pero tiene una consecuencia material: esa casa no se ofrece. Si una política pretende aumentar el acceso a la vivienda, debería interesarse por averiguar cuántas decisiones parecidas se producen y por qué. En el relato, en cambio, basta con atribuirme una mala intención. El personaje queda explicado y la vivienda continúa vacía. La función puede seguir.
Mi posición liberal no necesita hacer desaparecer a quien necesita ayuda. Reclama que la protección pública tenga presupuesto, plazos y una administración que responda. La Constitución recoge tanto la propiedad y su función social como el deber de promover el acceso a una vivienda digna. Habrá que cumplir esas obligaciones y discutir sus costes. La generosidad por cuenta del vecino exige muy poca virtud al que la decreta; algo más de seriedad merece quien acaba recibiendo la factura.
En El mago del Kremlin, el vínculo entre espectáculo y poder hace mirar también a quienes ayudan a presentar la realidad. Esa mirada me acompaña al leer la investigación de Iberestudios sobre FACUA y Vivienda. El Real Decreto 538/2026 contempla hasta 120.000 euros para la asociación en actividades de información, formación y sensibilización sobre vivienda. FACUA anunció el acuerdo con el Ministerio el 18 de septiembre y el 2 de octubre animó a participar en las manifestaciones.
Esos documentos no demuestran que la subvención financiara el llamamiento. Sí ponen sobre la mesa una relación que el ciudadano tiene derecho a examinar: una entidad recibe dinero público para comunicar sobre el mismo asunto en el que interviene políticamente. Quiero conocer los materiales financiados y las condiciones de ese gasto. Una declaración de independencia, por enfática que sea, no sustituye esa documentación. Sería una lástima que la transparencia perdiese todas sus propiedades al acercarse a la contabilidad de quien la predica.
FACUA también criticó por insuficientes las medidas del PSOE el 28 de septiembre. Ese hecho importa. Impide despachar su actividad como obediencia automática y obliga a examinar cada actuación. Pero una crítica al Gobierno tampoco justifica una subvención: para eso están las cuentas. Si vamos a mirar detrás del decorado, habrá que aceptar lo que encontremos, incluso cuando estropee nuestro argumento favorito.
Sería cómodo terminar esta historia con un despacho desde el que alguien pulsa todos los botones. Los mensajes citados no permiten hacerlo y, además, esa explicación dejaría fuera nuestra propia participación. Un estudio publicado en PNAS en 2021, sobre más de 2,7 millones de publicaciones de medios y congresistas estadounidenses, encontró que los mensajes sobre el adversario político se compartían aproximadamente el doble que los dedicados al propio grupo. Es una muestra estadounidense, no un análisis de estos hilos, pero ayuda a comprender el premio que puede recibir el enfrentamiento. A veces el público amplifica el espectáculo con un entusiasmo que ahorra mucho trabajo al empresario.
Eso es lo que más me interesa de la comparación con la película. La manipulación encuentra facilidades cuando deseamos que la historia sea cierta. Nos gusta reconocernos entre los justos, ver castigado al adversario y quedar dispensados de revisar las decisiones de los nuestros. Una democracia puede empobrecerse por ese camino sin que desaparezcan las urnas. Basta con que quienes deberían exigir cuentas terminen haciendo guardia ante el gobernante para que nadie venga a importunarlo.
Por eso publiqué una propuesta de gobierno descentralizado. Quiero discutir cómo reducir la concentración de poder de los partidos, incorporar conocimiento y dar al ciudadano capacidad efectiva para intervenir y fiscalizar. La propuesta necesita crítica, también la de quienes discrepan de mí. Ningún experto merece un cheque en blanco, y la tecnología puede convertirse en otro instrumento de control. Conozco demasiado bien la facilidad con que una promesa de emancipación acaba solicitando obediencia.
En vivienda, esa ambición podría empezar por algo tan prosaico como conocer el dinero ejecutado, los expedientes pendientes y los responsables de las demoras, con protección de los datos personales. Tiene menos brillo que señalar a un asesino desde una red social. También ofrece al ciudadano alguna posibilidad de reclamar algo que pueda comprobar.
Me gustó El mago del Kremlin porque permite observar desde la butaca un poder que trabaja sobre la percepción de quienes lo sostienen. Al cerrar X, la butaca desaparece: la discusión trata de nuestros derechos, nuestro dinero y las casas donde alguien necesita vivir. Mari Carmen merece que se averigüe qué le ocurrió. Mi expediente sigue necesitando una respuesta. El mago de la Moncloa puede disponer de toda la indignación que quiera; yo sigo mirando la mano con la que gobierna.