Hace unos años aproveché este medio para escupir algunas ideas que me rondaban la cabeza, simplemente para ver si tenían algún sentido o no y a modo de borrador. Planteé una propuesta que intentaba no dejar demasiado espacio para la indiferencia: reducir radicalmente el poder que hoy concentran los partidos políticos y sustituir una parte de ese sistema por una gobernanza descentralizada, organizada alrededor de clusters de conocimiento y apoyada en tecnología, inteligencia artificial y nuevas formas de participación ciudadana.
Llevo demasiados años exasperándome, probablemente como tú, al ver que personas que no conocen una materia terminan tomando decisiones sobre ella porque ocupan el lugar correcto dentro de un partido. Cambia el Gobierno, cambian los nombres, cambia el color y una parte considerable de la estructura permanece intacta. La casta política tiene una extraordinaria capacidad para sobrevivir a casi cualquier resultado electoral. Y lo peor es que pienso que no piensan ni en ti ni en mí, sino en cómo sobrevivir dentro de este sistema de privilegios que se han construido para ellos.
Mi primera reacción fue bastante sencilla: si alguien va a decidir sobre Sanidad, Educación, Energía o Tecnología, quizá deberíamos dar mucho más peso a quienes conocen esos sistemas de verdad. Después seguí analizando mis ideas para buscar agujeros y encontré demasiados, así que lo dejé. Pero con la llegada de la IA retomé el proyecto y desarrollé una nueva versión más pulida en la que necesito que usted, lector, me ayude a entender qué está bien, qué está mal y qué es simplemente una locura, porque si no este proyecto terminará aquí.
Lo único que sé es que, como ciudadano, siento que ha llegado el momento de reinventar, cambiar, renovar el sistema —no sé muy bien cómo llamarlo—, aunque sí creo que para echar a quienes nos dominan hará falta algo más que palabras. Y aquí, si te apetece leer esta propuesta, te dejo mis ideas al respecto.
Después de darle muchas vueltas he asumido además algo que en la primera versión ni me planteé: esto no se arregla cambiando cuatro leyes. La Constitución reconoce a los partidos como instrumento fundamental de participación política y construye la representación parlamentaria sobre el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Un sistema basado en clusters, cámaras técnicas y otras formas de deliberación obligaría a tocar los cimientos. No estoy escribiendo el programa electoral de la próxima legislatura, sino intentando imaginar cómo organizaría el poder si pudiéramos discutir de nuevo algunas de sus reglas y después someter esa propuesta a todo el fuego que sea capaz de soportar.
El 15-M: cuando se empezó a cuestionar el sistema
Hay un episodio al que vuelvo con frecuencia cuando pienso en todo esto: el 15-M. No porque crea que aquello fuera perfecto ni porque pretenda convertir las acampadas de Sol en un mito democrático. Había posiciones muy distintas, contradicciones y una enorme dificultad para transformar el malestar en un programa político coherente. Pero durante unas semanas ocurrió algo que todavía me parece excepcional: ciudadanos que discrepaban en casi todo consiguieron ponerse de acuerdo en que el problema no era únicamente quién gobernaba, sino algunas de las reglas con las que se gobernaba. El 26 de mayo de 2011 la asamblea de Sol alcanzó un consenso de mínimos en torno a cuatro cuestiones: reforma electoral para mejorar la representación y la participación ciudadana, lucha contra la corrupción y mayor transparencia, separación efectiva de poderes y mecanismos de control ciudadano y responsabilidad política. Leído hoy, aquello tiene bastante poco de revolución. Era una relación razonable de exigencias democráticas que una parte enorme del país parecía compartir.
Yo recuerdo además un quinto bloque que aparecía de manera recurrente en foros y debates: adelgazar instituciones consideradas redundantes o poco útiles, con especial atención al Senado y a las diputaciones. La supresión del Senado sí apareció posteriormente entre las propuestas discutidas por grupos vinculados al movimiento. No puedo presentar la eliminación de las diputaciones como parte del consenso oficial porque no lo fue, pero recuerdo perfectamente que formaba parte de aquella conversación sobre duplicidades, estructuras territoriales, gasto político y una Administración en la que a veces resulta extraordinariamente difícil averiguar quién es responsable de qué. Lo que más me impresionó entonces fueron las encuestas. Mi recuerdo era que alrededor del 90 % de los españoles compartía aquellas reivindicaciones. El dato exacto no era ese, pero se acercaba bastante en algunos aspectos: en junio de 2011, un sondeo de Metroscopia señalaba que el 90 % quería que los partidos cambiaran su forma de funcionar para atender mejor a lo que pensaban los ciudadanos y el 70 % afirmaba que ningún partido representaba sus intereses. No era un 90 % votando literalmente cada uno de los puntos de Sol, pero sí un grado de consenso extraordinario sobre el deterioro de la representación política.
Y recuerdo especialmente a Mariano Rajoy. En junio de aquel año, en pleno debate sobre los indignados, afirmó: «Más de 23 millones, una mayoría, lo han expresado en las urnas; otros, de otras maneras». Sé perfectamente cuál era el contexto y sé también que estaba separando al movimiento de los graves incidentes producidos alrededor del Parlament de Cataluña, pero aquella frase se me quedó grabada y yo la viví como un desprecio. Como si la única expresión políticamente relevante fuese la que pasa por la urna y todo lo demás perteneciera a una categoría inferior, la de quienes se expresan «de otras maneras». Rajoy tenía razón en algo importante: una plaza no puede arrogarse la representación de todo un país. Pero el sistema cometía el error contrario si entendía que una protesta sin mayoría parlamentaria podía ser ignorada. Quince años después sigo preguntándome qué tiene que ocurrir para que un consenso social muy amplio sobre las reglas consiga traducirse en una reforma de esas mismas reglas. Si el sistema solo puede transformarse mediante las organizaciones que viven de él, los incentivos para una transformación profunda son bastante escasos.
1. El sufragio técnico cualificado: el liderazgo de los que saben
La idea central sigue siendo organizar una parte de la gobernanza alrededor de clusters de conocimiento: Sanidad, Educación, Economía, Energía, Justicia, Ciencia, Vivienda, Infraestructuras, Tecnología y aquellos ámbitos que tengan suficiente entidad para requerir estructuras propias de decisión. No hablo de entregar Sanidad a cinco catedráticos ni Educación a un consejo de rectores. Hablo de conseguir que quienes conocen un sistema desde dentro tengan capacidad real para intervenir en la forma en que se gobierna. El nombre «sufragio técnico cualificado» puede inducir a un equívoco que prefiero despejar desde el principio: no propongo que un médico sea más ciudadano que un fontanero ni resucitar una especie de sufragio censitario basado ahora en títulos, carreras o colegiaciones. La soberanía seguiría perteneciendo a todos. Lo que tendría un cauce cualificado sería la participación en la elaboración, evaluación y dirección técnica de las políticas de cada ámbito.
En Sanidad deberían participar médicos, enfermería, auxiliares, técnicos, celadores, gestores y otros profesionales que conocen el funcionamiento cotidiano del sistema, pero también investigadores, titulados, estudiantes avanzados y colectivos directamente afectados, como asociaciones de pacientes. Lo mismo podría trasladarse, con las adaptaciones necesarias, a Educación, Justicia, Energía o cualquier otro sector. Sigo pensando que esto tiene bastante más sentido que nombrar responsable de una materia compleja a alguien cuya principal credencial consiste en ocupar la posición adecuada dentro de un partido. El problema apareció pronto: los expertos también tienen intereses. Si dejamos la Sanidad exclusivamente en manos de sanitarios, podemos terminar sustituyendo la casta política por una casta sanitaria. Lo mismo ocurriría con profesores, jueces, banqueros, ingenieros o cualquier colectivo al que entregásemos el control de su propio ecosistema.
Por eso mantengo el sufragio técnico, pero introduciría un contrapeso ciudadano real. Cada cluster tendría una Cámara Técnica encargada de analizar problemas, elaborar propuestas, evaluar resultados, exigir evidencia, fiscalizar la ejecución y participar en la selección de sus responsables, y una Cámara Ciudadana con capacidad para ratificar, devolver o bloquear aquellas decisiones que tengan un impacto relevante sobre el conjunto de la sociedad. Esa segunda cámara tampoco debería convertirse en una reproducción del Parlamento, con políticos profesionales sustituyendo a otros políticos profesionales. Me interesa mucho más la posibilidad de ciudadanos seleccionados por sorteo y con criterios de representatividad, que dispongan de tiempo para recibir documentación, escuchar a especialistas que discrepen entre sí y deliberar antes de pronunciarse. La OCDE ha documentado cientos de experiencias de deliberación ciudadana de este tipo en numerosos países. No quiero que un fontanero tenga que fingir que entiende mejor la organización de un servicio oncológico que un oncólogo; tampoco quiero que el oncólogo decida por sí solo cuánto dinero del presupuesto nacional debe llevarse Sanidad. El conocimiento debe pesar más, pero no convierte a nadie en ciudadano de primera categoría.
El presupuesto: los límites de la tecnocracia
Este es uno de los problemas que no vi en la primera versión y que ahora me parece esencial. Imaginemos que Sanidad demuestra que necesita 20.000 millones adicionales, Educación solicita otros 15.000, Vivienda 30.000 y Defensa 20.000. Todos pueden tener excelentes argumentos dentro de su ámbito y ser, al mismo tiempo, incompatibles cuando llega el momento de pagar la factura. Repartir recursos escasos obliga a jerarquizar necesidades y asumir renuncias. Podemos conocer con enorme precisión cuánto cuesta construir cien mil viviendas, reforzar la atención primaria o ampliar nuestras capacidades de defensa y continuar sin una respuesta objetiva sobre qué debe sacrificarse para financiarlo. Esa elección pertenece al terreno político porque expresa qué sociedad queremos y qué precio estamos dispuestos a pagar por ella.
La IA podrá ayudarnos a simular escenarios, anticipar consecuencias y presentar alternativas con un grado de precisión muy superior al actual. Podrá mostrarnos qué ocurre con la deuda, la recaudación, el empleo o el crecimiento si destinamos diez mil millones adicionales a una determinada política, y probablemente permitirá que muchas discusiones ideológicas tengan que enfrentarse por primera vez a sus costes reales. Pero la decisión final seguirá teniendo un componente de preferencia colectiva que ninguna máquina debería usurpar. Tendría que existir, por tanto, un marco fiscal general y las grandes decisiones presupuestarias conservar una legitimidad común. Los clusters competirían por recursos mostrando objetivos, costes, impacto esperado, alternativas y resultados anteriores, pero no podrían convertirse en compartimentos estancos que reclaman dinero sin asumir las consecuencias sobre el resto del Estado.
Los partidos volverían a aparecer
Otra de las objeciones destruye una parte de mi planteamiento inicial. Supongamos que mañana prohibimos los partidos. Nada impediría que cincuenta candidatos con ideas parecidas se coordinaran, compartieran financiación, programa, comunicación y estrategia electoral. Al poco tiempo habríamos inventado de nuevo un partido, aunque lo llamásemos plataforma, movimiento o agrupación ciudadana. Cada vez me interesa menos, por tanto, hablar de suprimirlos y más de acabar con su monopolio sobre la representación política. Las personas van a asociarse para defender intereses e ideas comunes y además deben poder hacerlo. El problema empieza cuando el partido deja de ser un instrumento de representación y se convierte en la puerta de entrada a una carrera política: decide quién entra en las listas, quién asciende, quién desaparece y quién termina ocupando instituciones que deberían servir al ciudadano y no a la conservación de la propia organización.
La disciplina de voto agrava esa dependencia. Elegimos a centenares de diputados para comprobar después que, salvo excepciones, su margen real frente a la dirección del partido es mínimo. Podemos mantener organizaciones políticas sin aceptar necesariamente que monopolizen la selección de representantes y conviertan el Parlamento en la expresión aritmética de decisiones adoptadas previamente en unos pocos despachos. La política tampoco puede desaparecer: alguien tiene que gobernar y alguien debe responder cuando una decisión sale mal. Durante una pandemia, una guerra, una crisis financiera o un apagón no podemos convocar un proceso deliberativo nacional para cada medida, de modo que tendría que existir un Ejecutivo reducido, identificable y sometido a controles fuertes. Incluso estudiaría la elección directa de su máximo responsable por sufragio universal.
Los responsables de las diferentes áreas podrían surgir de un procedimiento distinto al reparto tradicional de ministerios. Los clusters acreditarían competencia y propondrían candidatos, la representación ciudadana examinaría incompatibilidades y conflictos de interés y el Ejecutivo elegiría finalmente entre personas que hubieran superado ese escrutinio. No tengo todavía cerrado el mecanismo y tampoco quiero fingir que lo tengo. Sí tengo clara una cosa: un sistema tan distribuido que nadie pueda determinar quién adoptó una decisión corre el riesgo de convertir la descentralización en irresponsabilidad. Poder y responsabilidad tienen que permanecer unidos; cuando se separan, el ciudadano acaba enfrentándose a una estructura en la que todos intervienen y nadie responde.
Los lobbies: si todos están representados, sobra la puerta de atrás
El conocimiento tampoco inmuniza frente a los intereses económicos. Un cluster energético podría quedar dominado por las grandes eléctricas, uno sanitario por la industria farmacéutica, uno financiero por los bancos y uno tecnológico por unas pocas plataformas. Se puede ser un profesional brillantísimo y estar condicionado por quien paga la nómina, financia una investigación o promete el siguiente empleo. La cualificación técnica no garantiza independencia. Este punto ha acabado modificando además bastante mi posición sobre los lobbies. España ha aprobado recientemente el Real Decreto-ley 21/2026 sobre transparencia e integridad de los grupos de interés, que crea un registro estatal obligatorio y exige identificar a quienes ejercen influencia, sus fuentes de financiación y determinados contactos con responsables públicos. Es un avance frente a la opacidad, pero parte de una premisa distinta de la que estoy planteando: acepta la actividad de lobby siempre que esté regulada.
En un sistema de clusters yo iría bastante más lejos. Si en Sanidad están formalmente representados profesionales, empresas, trabajadores, pacientes, investigadores y demás agentes afectados, una farmacéutica ya dispone de un lugar donde defender sus intereses. Una eléctrica tendría el suyo en Energía y un banco en el ámbito financiero. Pueden aportar informes, rebatir argumentos, denunciar una norma que consideren perjudicial y tratar de convencer a los demás; todo eso me parece legítimo. Lo que no necesitan es una segunda vía de acceso reservada a quien puede pagar mejores intermediarios, contratar a un antiguo ministro o conseguir una conversación privada con la persona adecuada. Prohibiría el lobby profesional entendido como intermediación privilegiada ante quien toma una decisión pública. No prohibiría a una empresa, un sindicato o una asociación defender sus intereses: los obligaría a hacerlo por el cauce común, a plena luz y dejando rastro de quién representa a quién, qué pretende modificar, qué argumentos presenta, qué documentación entrega y qué intereses económicos existen detrás. Si todos tienen una silla legítima dentro del sistema, quien busca la puerta de atrás ya no está reclamando representación. Está reclamando privilegio.
El poder público exige una vara de medir mucho más severa
Hay además una cuestión moral que durante años hemos rebajado hasta extremos que me resultan difíciles de entender. Hemos normalizado expresiones del tipo «todo el mundo ha hecho alguna trampa», «esto siempre ha funcionado así» o «quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». Puedo escuchar ese razonamiento en una conversación privada; me inquieta muchísimo más cuando procede de alguien que administra dinero ajeno, adjudica contratos, nombra responsables, dispone de información privilegiada y puede modificar con una firma la vida o el patrimonio de miles de personas. Me gustaría que la política estuviera reservada a gente con altos valores. Ya sé que la honradez no se acredita mediante un examen y tampoco quiero crear un tribunal de virtudes encargado de decidir quién posee suficiente pureza moral para presentarse a unas elecciones, pero sí podemos convertir determinados principios en obligaciones comprobables: patrimonio transparente, cumplimiento fiscal, incompatibilidades severas, ausencia de intereses ocultos, prohibición de favores, trazabilidad de las relaciones con terceros y autonomía real frente a cualquier organización o empresa que pretenda comprar influencia.
La corrupción española tampoco permite refugiarse cómodamente en unas siglas. El caso Gürtel dejó decenas de condenas y el Tribunal Supremo confirmó la responsabilidad civil del Partido Popular como partícipe a título lucrativo en determinados hechos; en junio de 2026, el Supremo condenó al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso Mascarillas. Son responsabilidades y hechos distintos y sería tramposo mezclarlos, pero ambos recuerdan algo bastante deprimente: la degradación del poder no pertenece a una ideología. Cambian los protagonistas, los partidos y las épocas; determinados incentivos encuentran siempre nuevos huéspedes.
Yo elevaría de forma drástica la responsabilidad asociada al ejercicio del poder. Un error político no puede conducir a nadie a la cárcel; si gobernar mal fuese delito paralizaríamos cualquier decisión que entrañara riesgo y acabaríamos gobernados por funcionarios aterrorizados ante la posibilidad de equivocarse. Pero ocultar deliberadamente un conflicto de intereses, aceptar favores, utilizar información privilegiada, favorecer a un tercero, tolerar una influencia clandestina o aprovechar el cargo para obtener un beneficio presente o futuro pertenece a otra categoría. No me preocupa demasiado si jurídicamente terminamos llamándolo prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o creamos una figura penal distinta. Me importa el principio: quien utiliza conscientemente el poder público en beneficio particular está traicionando una confianza que pertenece a todos y, en los casos graves, esa conducta debería acarrear prisión, inhabilitaciones muy prolongadas y pérdida de todo beneficio obtenido. La responsabilidad debería alcanzar también al corruptor, porque castigar al político y tratar al que compra su voluntad como un elemento inevitable del paisaje es una forma curiosa de combatir la corrupción.
Las puertas giratorias merecen el mismo escrutinio. Un presidente, un ministro, un secretario de Estado o un alto responsable acumulan relaciones, información y capacidad de acceso porque durante un tiempo los ciudadanos les han confiado poder. Me cuesta aceptar que ese capital institucional pueda convertirse inmediatamente después en una mercancía privada. Cuanto mayor haya sido la responsabilidad ejercida, mayores deberían ser las incompatibilidades posteriores. No espero gobernantes infalibles ni una aristocracia moral de seres incorruptibles; espero servidores públicos conscientes de que han aceptado voluntariamente una vara de medir mucho más severa que la del ciudadano al que gobiernan.
2. Inteligencia artificial en la Justicia: automatizar sin entregar la potestad de juzgar
En la primera versión llevé demasiado lejos la idea de la IA judicial. Planteaba una primera capa automática capaz de resolver asuntos sencillos y dejar posteriormente abierta la posibilidad de recurso ante un tribunal humano. Cuanto más he estudiado el problema, menos me convence que una máquina deba dictar una sentencia, aunque exista después una revisión. La Constitución española reserva la potestad jurisdiccional a jueces y tribunales y el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial considera de alto riesgo los sistemas destinados a asistir a una autoridad judicial en la interpretación de los hechos y del Derecho. La propia norma europea parte de que estas herramientas pueden apoyar la decisión del juez, pero no sustituirla. Más allá del marco jurídico hay una razón sencilla: cuando el Estado adopta una decisión capaz de afectar gravemente a los derechos de una persona debe existir alguien responsable de ella.
Esto obliga también a precisar qué significaría un cluster de Justicia. Podría intervenir en la organización del sistema, los recursos, la digitalización, los procedimientos, la evaluación de resultados o la selección técnica dentro de los límites constitucionales que se establecieran, pero nunca podría decirle a un juez cómo debe resolver un asunto concreto. Si para introducir conocimiento acabamos destruyendo la independencia judicial habremos resuelto muy poco. Eso no impide utilizar la IA de manera mucho más ambiciosa de lo que hacemos ahora: puede ordenar miles de páginas de un expediente, localizar legislación y jurisprudencia, detectar contradicciones, comparar casos anteriores, identificar hechos controvertidos y preparar incluso una propuesta de resolución argumentada. El juez revisa ese trabajo, lo corrige, lo modifica o lo rechaza y finalmente adopta la decisión. Para conflictos menores podría existir además una fase digital de mediación o propuesta de acuerdo capaz de resolver en horas cuestiones que ahora consumen meses.
También revisaría mi concepción inicial de la explicabilidad. No necesitamos que un sistema nos revele de forma casi metafísica todo su funcionamiento interno; necesitamos trazabilidad: qué documentos ha utilizado, qué legislación y jurisprudencia ha consultado, qué criterios han intervenido y qué supervisión humana ha existido. «Lo ha decidido el algoritmo» no puede convertirse en la nueva versión administrativa de «vuelva usted mañana». Sigue quedando, además, el riesgo de una Justicia de dos velocidades. Si una vía apoyada por IA tarda dos días y la revisión humana tres años, hablar de libre elección sería bastante engañoso. La solución que propuse inicialmente —cobrar una tasa elevada a determinadas empresas que quisieran acudir a la vía humana— tampoco me convence ya. Penalizar el derecho a obtener una revisión humana sería una pésima manera de defenderlo. Automatizar debería servir para liberar tiempo de los jueces y reducir los plazos de la Justicia humana, no para crear una Justicia rápida y automatizada para quien no puede esperar y otra más garantista para quien dispone de recursos.
Me sigue interesando, en cambio, fijar objetivos de plazo que hoy pueden parecer casi ingenuos. ¿Por qué no aspirar a que determinados recursos obtengan una resolución humana en sesenta días? El número exacto puede discutirse y habrá procedimientos que requieran mucho más tiempo, pero la pregunta merece ser formulada. Si digitalizamos juzgados, introducimos inteligencia artificial, automatizamos expedientes y al final seguimos tardando años en resolver, habremos modernizado la burocracia sin arreglar la Justicia.
3. El riesgo de construir el Gran Hermano perfecto
Cuanto más digitalizamos este modelo, más evidente resulta su reverso autoritario. Para determinar en qué cluster puede participar cada persona, el Estado podría sentirse tentado a centralizar títulos, empleo, ingresos, información fiscal, salud, historial administrativo y cualquier otro dato que facilite verificar nuestra identidad y nuestros derechos. Sería extraordinariamente eficiente y al mismo tiempo una infraestructura de control formidable si algún día llegara a manos de un Gobierno dispuesto a utilizarla con otros fines. Por eso el sistema debería diseñarse pensando no en el Gobierno que más nos gusta, sino en el peor Gobierno que podamos imaginar. Esa prueba me parece mucho más útil: preguntarnos qué podría hacer con la herramienta alguien a quien jamás entregaríamos voluntariamente semejante cantidad de información.
El Estado no necesita conocer dónde trabajo para comprobar que tengo una determinada cualificación profesional; necesita verificar que cumplo los requisitos. La identidad soberana, las credenciales verificables y las pruebas de conocimiento cero permiten avanzar en esa dirección. El marco europeo de identidad digital contempla expresamente la divulgación selectiva de datos e incluso tecnologías capaces de demostrar que una afirmación es cierta sin revelar la información que hay debajo. Si quiero acreditar que soy sanitario para participar en ese cluster, el sistema necesita validar una credencial, no acceder a toda mi vida laboral, mis ingresos o cualquier otro dato irrelevante para esa comprobación. En el artículo inicial hablé de privacidad absoluta. Fue una exageración: no existe. Siempre habrá errores, dispositivos comprometidos, vulnerabilidades y personas capaces de utilizar mal un sistema. Pero sí podemos establecer un principio mucho más serio: el Estado debería conocer lo mínimo imprescindible sobre nosotros.
Votar desde casa con libertad
El voto electrónico plantea otro problema evidente. En una cabina electoral nadie debería saber qué has votado; en casa, un jefe, una pareja, un sindicato, una empresa o cualquier organización con capacidad de presión puede obligarte a votar delante de ellos. La solución que propuse inicialmente fue permitir volver a votar y contabilizar únicamente el último voto válido. Después descubrí que Estonia lleva años utilizando precisamente ese mecanismo en su sistema de voto por internet. Si alguien me obliga a votar A a las diez de la mañana, puedo hacerlo y, cuando desaparezca la presión, volver a entrar y votar B. Incluso un voto posterior en papel puede prevalecer sobre el electrónico. No elimina todos los riesgos del voto remoto y sería irresponsable presentarlo como una solución mágica, pero dificulta considerablemente la coacción y la compra de votos porque quien presiona al elector nunca puede estar completamente seguro de que ese voto no haya sido modificado después.
También he revisado el papel que atribuía a blockchain. En la primera versión ocupaba un lugar central, quizá excesivo. Hoy lo veo de una forma mucho más instrumental. Lo que necesitamos de un sistema de voto y participación digital es integridad, trazabilidad, auditabilidad, secreto y resistencia frente a la manipulación. Si una arquitectura blockchain ofrece mejores garantías para alguna de esas funciones, tendrá sentido utilizarla; si existen soluciones más simples, robustas o eficientes, no veo razón para imponerla por una fidelidad casi doctrinal a una tecnología concreta. La tecnología debe permanecer subordinada al diseño político y a las garantías democráticas, no dictar de antemano la arquitectura del Estado.
4. La jefatura del Estado y el problema de la legitimidad heredada
No me interesa convertir todo este proyecto en otra batalla entre monárquicos y republicanos. La monarquía parlamentaria puede aportar continuidad institucional, representación exterior y una figura separada de la confrontación cotidiana entre partidos, y no veo por qué debería negar esas posibles ventajas para mantener una supuesta pureza ideológica. Pero existe también una contradicción difícil de soslayar entre un sistema que pretende reforzar el mérito, la responsabilidad y la legitimidad democrática y una jefatura del Estado que se transmite por nacimiento. Mi propuesta sigue siendo una ratificación generacional: cada quince o veinte años —el periodo exacto debería discutirse— los ciudadanos podrían decidir si quieren mantener la institución. Si conserva legitimidad social, continúa; si deja de tenerla, existe un procedimiento conocido y pacífico para modificar la forma de la jefatura del Estado sin esperar a que una crisis política convierta el debate en otra guerra de trincheras.
No necesito presentar esta fórmula como una práctica habitual de las monarquías europeas porque no lo es. Es una propuesta propia que intenta conciliar estabilidad institucional y legitimidad democrática. Su aplicación exigiría una reforma constitucional de enorme profundidad, pero tampoco estamos hablando de modificar el reglamento de una comunidad de vecinos. Si de verdad queremos discutir cómo debería funcionar el Estado tendremos que aceptar que algunas respuestas obligan a cuestionar estructuras que llevamos décadas considerando inamovibles, incluidas aquellas que funcionan razonablemente bien. Rediseñar no significa destruir por principio; significa obligar también a las instituciones más antiguas a justificar por qué deben seguir existiendo.
Lo que todavía tengo que resolver, y aquí puedes ayudarme
El modelo me convence bastante más que el que escribí hace unos años, pero continúa teniendo agujeros importantes. No tengo resuelto quién crea o elimina un cluster y, sobre todo, quién impide que esa facultad acabe utilizándose para fabricar mayorías o excluir voces molestas. Tampoco sé cómo se decide a qué ámbito pertenece una política que afecta al mismo tiempo a Economía, Energía y Medio Ambiente, ni qué órgano arbitra una disputa cuando dos clusters consideran que una decisión les corresponde. Las situaciones excepcionales abren otro frente todavía más incómodo: una guerra, una pandemia o una catástrofe obligan a decidir deprisa y a concentrar temporalmente facultades que en circunstancias normales deberían estar repartidas. Cuánto poder extraordinario puede recibir un Ejecutivo, durante cuánto tiempo y quién puede retirárselo antes de que la excepción se convierta en costumbre son preguntas para las que todavía no tengo una respuesta satisfactoria.
Y queda probablemente el asunto más delicado de todos: los derechos de las minorías. Una democracia no consiste simplemente en que el 51 % pueda hacer lo que quiera con el 49 % restante. Hay libertades y derechos que deberían permanecer fuera del alcance de una mayoría circunstancial, por amplia que sea. Si queremos aumentar la capacidad de decisión directa de los ciudadanos tendremos que construir al mismo tiempo defensas mucho más sólidas frente a la tiranía de la mayoría. Tampoco sé todavía cómo impedir que una democracia más participativa termine convertida en una sucesión de votaciones emocionales condicionadas por redes sociales, campañas de desinformación, bots o simplemente por el cabreo del día. Más participación no equivale automáticamente a mejores decisiones. Algunas necesitan información, deliberación, contradicción y tiempo suficiente para que una persona pueda incluso cambiar de opinión sin que nadie la acuse de traición.
Podría inventarme ahora una solución para cada uno de estos problemas y dejar el artículo perfectamente cerrado, pero volvería a cometer el mismo error que hace unos años. Prefiero publicar la propuesta en el punto en el que está y seguir buscando dónde se rompe. La inteligencia artificial me permite hoy hacer algo que entonces requería muchísimo más tiempo: enfrentar una idea a argumentos contrarios, buscar precedentes, comparar sistemas y descubrir que algunas soluciones que me parecían magníficas no pasaban de ser ocurrencias. A veces la IA también devuelve obviedades, lugares comunes o respuestas demasiado aseadas —de hecho, una parte del trabajo consiste precisamente en quitárselos—, pero utilizada como adversario y como herramienta de investigación me está ayudando a pensar mejor este problema.
Y eso es exactamente lo que necesito ahora de quien haya llegado hasta aquí. No que comparta mi hartazgo con los partidos ni que me diga que la propuesta suena bien. Quiero saber dónde falla: qué poder he dejado sin controlar, qué incentivo perverso no he visto, qué derecho podría quedar desprotegido y qué nueva casta podría aparecer dentro de un sistema concebido precisamente para acabar con la anterior. Si encontramos demasiados agujeros, volveré a guardarlo en un cajón. Si algunas de estas ideas sobreviven, seguiré trabajando sobre ellas. Lo que ya no me resigno a aceptar es que un sistema político concebido en otro tiempo, con virtudes indudables pero también con vicios que llevamos décadas padeciendo, sea tratado como el último estadio posible de la democracia.
