Hace unos días vi una película sobre Joseph Goebbels -Goebbels- y acabé pensando bastante menos en Hitler que en nosotros. Antes de que alguien desenfunde la acusación fácil, aclaro lo obvio: comparar la España democrática de 2026 con la Alemania nazi sería una majadería histórica y una frivolidad moral. Goebbels perteneció a un régimen criminal que persiguió, encarceló y exterminó a millones de personas. Precisamente por eso merece ser estudiado con rigor y no reducido a cuatro citas falsas de internet. Fue, además, un propagandista formidable. Comprendió con una lucidez espantosa que el poder no consiste únicamente en decidir lo que ocurre. Existe un poder más escurridizo: decidir cómo debe interpretar la sociedad lo que acaba de ocurrir.
El Ministerio de Propaganda nazi sometió prensa, radio, cine, literatura, teatro, música y buena parte de la vida cultural alemana a una maquinaria destinada a fabricar una realidad política coherente con las necesidades del régimen. Goebbels no inventó la propaganda, pero ayudó a industrializarla. El acontecimiento importaba; importaba todavía más el significado que se consiguiera adherirle. Una derrota podía convertirse en sacrificio heroico, una víctima en enemigo, una persecución en defensa nacional. La realidad seguía allí, naturalmente, pero había quedado rodeada por una interpretación oficial tan insistente que disentir de ella podía costar bastante más que una discusión en Twitter.
Nosotros vivimos en una sociedad radicalmente distinta. Tenemos elecciones, oposición, jueces, medios enfrentados entre sí y libertad para escribir que un ministro miente sin que aparezca la policía política de madrugada. La comparación termina ahí. La técnica, en cambio, sobrevivió. Se refinó, se democratizó y adquirió una palabra mucho más elegante: relato.
El relato. Qué término tan extraordinario hemos escogido. Nadie quiere ya manipular a nadie; eso queda feo. Ahora se construye el relato, se disputa el relato, se gana el relato o se pierde el relato. Los partidos contratan expertos para el relato, los tertulianos analizan quién se ha impuesto en el relato y, mientras tanto, cada vez cuesta más recordar que antes del relato deberían existir unos hechos. La palabra ha conseguido ennoblecer una actividad bastante antigua: intentar que la interpretación políticamente conveniente esté por delante de la realidad.
Sócrates desconfiaba de quien deseaba demasiado gobernar
Mientras veía aquella película me volvió a la cabeza una idea muchísimo más antigua. Platón pone en boca de Sócrates, en el primer libro de La República, una reflexión que lleva más de dos mil años soportando bastante bien el paso del tiempo. Los hombres buenos, sostiene, no desean gobernar por dinero ni por honores; aceptan hacerlo, en cierto modo, porque la alternativa puede resultar peor. Uno de los castigos de negarse a gobernar es acabar gobernado por alguien peor. La frase que suele circular por internet no es literal, pero el pensamiento sí está allí.
Me interesa mucho esa desconfianza ante quien ambiciona el poder porque nosotros hemos construido exactamente lo contrario: una profesión alrededor de conseguirlo. Una persona puede entrar con veinte años en las juventudes de un partido, aprender sus liturgias, sobrevivir a congresos, corrientes, traiciones, secretarías, listas electorales y cambios de jefe, y terminar varias décadas después administrando un ministerio. Ese recorrido exige talento. Hay que saber quién manda, cuándo callar, cuándo aparecer, a quién apoyar, qué batalla merece la pena librar y qué cadáver político conviene esquivar. Lo que jamás queda garantizado es que después de semejante aprendizaje esa persona sepa algo de Sanidad, Energía, Industria, Educación o Tecnología.
No estoy diciendo que todo político profesional sea mediocre, corrupto o incompetente. Sería una caricatura demasiado cómoda y yo también estoy intentando escapar de los relatos fáciles. Digo algo más incómodo: nuestro sistema selecciona con enorme eficacia unas aptitudes que no necesariamente coinciden con las que necesita un país para ser bien gobernado. La habilidad para prosperar dentro de un partido y la capacidad para dirigir una política pública pueden convivir en la misma persona, pero una no demuestra la otra.
Quizá hemos pasado demasiado tiempo discutiendo quién debe ganar las elecciones y demasiado poco preguntándonos qué clase de personas incentivamos para dedicar su vida a ganarlas. En mi artículo sobre gobernanza descentralizada llegué precisamente a esa incomodidad: seguiremos necesitando política porque habrá siempre intereses enfrentados, presupuestos limitados y decisiones que ninguna máquina puede adoptar por nosotros. Tengo bastantes más dudas sobre la necesidad de conservar al político profesional como intermediario casi exclusivo entre el conocimiento, los ciudadanos y el poder.
Iberestudios lleva años dando vueltas alrededor de la misma herida
Rebuscando en el archivo de Iberestudios encontré algo que me hizo sonreír y preocuparme a partes iguales. Uno de los artículos fundacionales del medio llevaba por título Un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácilmente manipulable. Aquella pieza tuvo una repercusión enorme para el Iberestudios de entonces y llegó a portada de Menéame. La frase procedía de un tráiler de Che, el argentino, pero lo que me interesaba era lo que escondía detrás: quien carece de educación y herramientas para formarse un criterio queda mucho más expuesto a que otros le fabriquen uno.
Aquel texto hablaba de educación, medios y manipulación. Me molestaba comprobar cómo un mismo acontecimiento parecía convertirse en noticias distintas según el periódico que uno leyera y defendía algo aparentemente elemental: contrastar fuentes, desconfiar incluso de aquello que confirma nuestras propias opiniones y conservar criterio propio. En aquellos años internet todavía llevaba adherida cierta inocencia libertaria. Parecía que disponer de más información conduciría casi por inercia a ciudadanos mejor informados. La historia ha resultado bastante más puñetera.
Hoy sabemos que una persona puede leer perfectamente y ser manipulada con una facilidad asombrosa. Puede tener carrera universitaria, varios másteres, un teléfono de mil euros y acceso instantáneo a más conocimiento del que habría podido reunir una biblioteca entera hace unas décadas. Nada de eso la protege si únicamente consume aquello que confirma sus prejuicios, comparte noticias que no ha abierto, confunde viralidad con verdad o considera falso cualquier dato procedente del periódico equivocado. Al analfabetismo tradicional hemos añadido un analfabetismo informativo mucho más sofisticado. Sabemos descifrar las palabras; otra cosa es saber qué hacer con ellas.
Dos años después, en 2010, publicamos otro artículo sobre los asesores de imagen y el marketing político. Hablábamos del famoso debate televisado entre Nixon y Kennedy, del maquillaje, del vestuario, de los gestos y de ese proceso de fabricación de una imagen pública que entonces parecía una de las grandes sofisticaciones de la política moderna. El candidato ya no comparecía simplemente ante el ciudadano; era estudiado, corregido, iluminado y empaquetado para transmitir determinados atributos.
Visto desde 2026, aquello casi produce ternura. Nos inquietaba que fabricaran al candidato. Ahora hemos aprendido a fabricar también la interpretación del acontecimiento. El gabinete de comunicación no espera a que suceda algo para explicarlo. Anticipa marcos, selecciona vocabulario, jerarquiza datos, prepara respuestas y conserva una segunda versión en el cajón por si la primera envejece peor de lo previsto. El político ya no necesita únicamente parecer competente. Necesita que cualquier cosa que ocurra pueda incorporarse a una narración en la que, por alguna prodigiosa casualidad, jamás resulta completamente responsable.
Cuando ChatGPT llegó al gran público, en 2023, escribí también en estas páginas sobre el peligro de una información falsa con apariencia perfectamente plausible. Entonces parecía una cautela menor frente al entusiasmo tecnológico. Tres años después resulta bastante menos pintoresca. Podemos producir a escala industrial textos, fotografías, voces y vídeos suficientemente convincentes para contaminar una conversación pública durante las horas decisivas. Y unas horas, en política, son una eternidad.
Quizá Iberestudios lleva casi veinte años escribiendo, sin haberlo planeado, capítulos distintos del mismo problema. Primero nos preguntábamos qué ocurre con un pueblo que no sabe leer. Después vimos cómo se fabricaba la imagen de quien aspiraba a gobernarlo. Más tarde llegó la posibilidad de producir falsedades verosímiles a escala. Ahora la pregunta es todavía más desagradable: qué hacemos con una sociedad alfabetizada, hiperconectada y saturada de información que empieza a perder la capacidad de distinguir entre hecho, opinión, propaganda y ficción.
La mentira corre más que la verdad y además viaja ligera
La mentira posee una ventaja competitiva formidable: la verdad suele necesitar contexto. Hay que buscar documentos, comprobar fechas, escuchar versiones incómodas, aceptar excepciones y, de vez en cuando, soportar la humillación de descubrir que uno estaba equivocado. La mentira lleva mucho menos equipaje. Le basta con resultar verosímil y provocar la emoción adecuada. Indignación, miedo, orgullo, resentimiento. Cualquier combustible sirve mientras el lector pulse el botón de compartir antes de que aparezca la duda.
Las redes han perfeccionado ese mecanismo porque conocen bastante bien nuestras debilidades. El contenido templado viaja mal; el que indigna encuentra voluntarios para distribuirlo gratis. La inteligencia artificial añade ahora capacidad industrial a ese ecosistema. Goebbels necesitaba un ministerio, estudios de cine, emisoras y rotativas. Nosotros llevamos en el bolsillo una máquina capaz de generar propaganda, distribuirla, medir su respuesta y modificarla casi en tiempo real. El propagandista moderno ni siquiera necesita monopolizar los medios: le basta con aprender a explotar sus incentivos.
El ciudadano tampoco es una víctima inocente en todo esto. Compartimos lo que nos halaga ideológicamente, perdonamos las mentiras de los nuestros y escrutamos con lupa las del adversario. Queremos políticos sinceros siempre que su sinceridad confirme nuestra visión del mundo. En cuanto una evidencia nos incomoda, descubrimos de pronto que todo es relativo, que hay que conocer el contexto y que seguramente el otro bando está manipulando. Poseemos una extraordinaria capacidad para exigir rigor exactamente allí donde menos nos cuesta ejercerlo.
Ceuta y las ganas de escribir: mienten, mienten y vuelven a mentir
Todo esto podría quedarse en una confortable digresión sobre filosofía y comunicación política si durante las últimas semanas no hubiéramos tenido delante un caso particularmente incómodo. Hablo de Ceuta. Después de seguir las declaraciones, correcciones y contradicciones sobre lo sucedido, mi primera tentación sería escribirlo sin contemplaciones: mienten, mienten y vuelven a mentir. El problema es que escribir opinión no concede licencia para abandonar el rigor precisamente cuando uno está denunciando su ausencia.
Mentir significa conocer una realidad y falsearla deliberadamente. Una contradicción no demuestra por sí sola ese conocimiento. En Iberestudios nos impusimos recientemente esa misma disciplina al desarrollar nuestro sistema de verificación de autoridad: una falsedad demostrada y una mentira no son exactamente lo mismo. La primera exige probar que algo es incorrecto; la segunda obliga además a acreditar que quien lo dijo sabía que lo era. Es una distinción fastidiosa, porque arruina muchos titulares magníficos, pero la verdad tiene estas manías.
En Ceuta sí podemos afirmar que hubo contradicciones públicas de notable importancia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el CNI había compartido información relacionada con el riesgo de una entrada; Fernando Grande-Marlaska afirmó que no había existido el informe en los términos denunciados y la Delegación del Gobierno ofreció otra versión sobre la información recibida. RTVE reconstruyó con bastante detalle ese cruce de versiones, incluido el cambio de posición sobre la necesidad de establecer un mando único. Después llegaron informes desclasificados, explicaciones adicionales y una batalla creciente sobre quién sabía qué y en qué momento.
Aceptemos durante un minuto la interpretación más benévola: nadie mintió deliberadamente. Queda entonces por explicar cómo una ministra de Defensa, un ministro del Interior, una Delegación del Gobierno y distintos servicios del Estado pudieron manejar versiones incompatibles acerca de información esencial durante una crisis de semejante gravedad. Si alguien conocía el riesgo y lo negó, el problema es uno. Si nadie sabía qué información manejaba el otro, el problema es otro. Si la información existió pero no llegó a quien debía actuar, tenemos un fallo institucional. Si todos hicieron exactamente lo correcto y aun así resulta imposible reconstruir una versión inteligible de lo ocurrido, la rendición de cuentas también ha fracasado. Ninguna de las alternativas invita particularmente al entusiasmo.
Lo que me exaspera es el reflejo político que aparece a continuación. Antes de averiguar qué ocurrió empieza la discusión sobre cómo debe contarse. Se busca la palabra, el matiz, el porcentaje y el precedente histórico que permita sobrevivir a la jornada. La responsabilidad queda aplazada hasta que el ciclo informativo encuentre un cadáver más fresco.
«Sensación de inseguridad subjetiva»
Hay expresiones que retratan una época mejor que un editorial. Durante su visita a Ceuta, Marlaska habló de «sensación de inseguridad subjetiva» al referirse a parte del malestar de los vecinos y defendió que determinados indicadores de criminalidad se encontraban por debajo de la media. Es perfectamente posible que los datos sean ciertos. Sería absurdo pedir al ministro que los escondiera porque contradicen el estado de ánimo de una población. Pero la política no puede reducirse tampoco a agitar una media estadística delante de alguien que te está diciendo que su vida cotidiana ha cambiado.
La gente no vive en las medias. Vive en calles. Lleva a sus hijos al colegio, abre comercios, atiende hospitales, sale de noche, habla con sus vecinos y observa cómo se transforma el lugar donde ha elegido construir su vida. El gobernante tiene que enfrentar esa experiencia con los datos, separar el temor fundado de la exageración, explicar lo que sabe y actuar sobre aquello que puede corregir. Cuando se responde demasiado deprisa que la inseguridad es subjetiva, existe el riesgo de que el ciudadano entienda algo bastante distinto: que el problema no es lo que está viviendo, sino que no ha aprendido todavía a interpretarlo correctamente.
Ahí el relato adquiere una función casi anestésica. El error solicita una explicación en lugar de una corrección. La contradicción reclama un portavoz en vez de una responsabilidad. La crisis se convierte en una disputa terminológica. Hemos perfeccionado tanto la comunicación política que, en ocasiones, parece posible gobernar mal y comunicar brillantemente el desastre. Lo verdaderamente inquietante es que hayamos acabado considerando esa habilidad una virtud.
El relato y la desaparición de la vergüenza
Un gobernante puede equivocarse. Tiene que poder hacerlo. Quiero políticos capaces de tomar decisiones arriesgadas aunque alguna salga mal, porque la alternativa sería un Estado dirigido por personas cuyo objetivo principal consistiera en no firmar jamás nada susceptible de causarles problemas. El error pertenece al gobierno. Lo que debería resultar intolerable es la reconstrucción retrospectiva de los hechos para demostrar que nadie se equivocó nunca.
Primero se ofrece una versión. Aparece un documento y se matiza. Surge una contradicción y se añade contexto. Cuando el contexto tampoco basta, descubrimos que la frase inicial fue sacada de contexto. Finalmente todos actuaron correctamente, nadie conocía aquello que ahora sabemos que alguien conocía, nadie negó exactamente lo que parecía estar negando y ninguna decisión fue rectificada porque, en realidad, la nueva decisión siempre había formado parte del plan. La política contemporánea ha alcanzado a veces una suerte de infalibilidad retrospectiva que habría despertado la envidia de algún pontífice.
Echo de menos algo mucho menos sofisticado: vergüenza. La vieja vergüenza de haber sido sorprendido faltando a la verdad, la incomodidad de reconocer un error, la dignidad de dimitir cuando uno ha fracasado gravemente aunque no haya cometido ningún delito. Hemos convertido la dimisión en una especie de confesión penal y la rectificación en síntoma de debilidad. El dirigente fuerte es ahora quien aguanta, aunque para aguantar tenga que negar el lunes aquello que admitirá con otro nombre el viernes.
Una democracia puede soportar malos gobiernos. Puede echarlos. Lo que lleva peor es perder el acuerdo elemental sobre la existencia de los hechos. Cuando cada partido posee su realidad, cada periódico la suya y cada ciudadano acepta únicamente aquella compatible con su tribu, la discusión democrática deja de ser una discusión. Se convierte en una guerra entre ficciones.
El populismo ofrece una realidad mucho más cómoda
En 2024 escribí en Iberestudios sobre populismo y manipulación. Me interesaban entonces su capacidad para polarizar, simplificar problemas complejos y dividir la sociedad entre un «nosotros» moralmente legítimo y un «ellos» responsable de casi todos nuestros males. Utilicé ejemplos de izquierdas, de derechas y del nacionalismo porque esa gramática pertenece a demasiadas familias políticas como para regalársela a una sola.
Hoy añadiría una precisión. El populismo necesita un buen relato, pero el relato no necesita ser populista. También un partido moderado, una administración tecnocrática o un Gobierno exquisitamente institucional pueden entregarse a la misma tentación: escoger primero la interpretación conveniente y ordenar después los hechos hasta que dejen de molestar. El populismo lo hace con más estruendo porque necesita héroes y villanos reconocibles; el resto puede hacerlo con una rueda de prensa, una estadística y un portavoz muy educado.
Y aquí tengo que vigilarme yo también. Utilizo la palabra «casta» y pienso seguir utilizándola cuando crea que describe adecuadamente una realidad. Hay estructuras políticas que se reproducen, protegen privilegios y desarrollan intereses propios alejados de aquellos a quienes deberían representar. Pero «casta» puede convertirse igualmente en una cómoda papilla intelectual si empiezo a meter dentro a miles de personas distintas y les atribuyo una misma intención. El hecho de que una palabra sea buena para una columna no significa que explique por sí sola un país.
Escribir sobre propaganda tiene ese peligro. Uno empieza convencido de que los propagandistas son siempre los demás. Nosotros argumentamos; ellos manipulan. Nosotros tenemos información; ellos relato. Nosotros pensamos; ellos obedecen consignas. En el momento en que alguien adquiere semejante inmunidad moral ya está probablemente fabricando su propia propaganda.
Que el poder deje huellas
Esta es una de las razones por las que sigo dándole vueltas a mi propuesta de gobernanza descentralizada. Si algún día consiguiéramos construir clusters de conocimiento, deliberación ciudadana y nuevos mecanismos de control, una de sus funciones tendría que ser impedir que quien gobierna sea al mismo tiempo quien produce la información, selecciona qué parte conocemos, interpreta su propia actuación y después nos comunica que su interpretación es la correcta. Demasiado poder narrativo concentrado en las mismas manos.
Los informes deben dejar rastro. También las alertas, las reuniones relevantes, los cambios de criterio, las decisiones, los conflictos de interés y las presiones ejercidas sobre quien decide. Habrá información que deba permanecer clasificada mientras lo exija la seguridad del Estado; gobernar tampoco consiste en retransmitir por Twitch las conversaciones del CNI. Pero el secreto no puede convertirse en un agujero negro donde desaparezca para siempre aquello que permitiría exigir responsabilidades.
No quiero un Ministerio de la Verdad. Me horroriza la idea de entregar a un organismo público la facultad de establecer qué puede considerarse verdadero. Prefiero algo bastante menos grandioso: instituciones que hagan difícil borrar las huellas. Si un técnico avisó, que llegado el momento podamos saberlo. Si un ministro recibió el informe, que conste. Si cambió de opinión, que explique por qué. Si alguien intentó comprar una influencia, que aparezcan el nombre, la reunión y el interés que estaba defendiendo. La transparencia no convierte a los gobernantes en santos, pero encarece la mentira y complica bastante el olvido.
La inteligencia artificial puede resultar extraordinariamente útil para eso. La misma herramienta que permite fabricar una voz falsa puede comparar declaraciones pronunciadas durante meses, reconstruir cronologías, relacionar documentos y localizar contradicciones que un periodista tardaría semanas en detectar. La tecnología carece de moral propia. Puede trabajar para Goebbels o para quien intenta desenmascararlo. Lo importante vuelve a ser quién controla la máquina, con qué reglas y para servir a qué poder.
Tal vez sigamos necesitando política; tengo más dudas sobre la profesión política
Y vuelvo a Sócrates. Aquella vieja idea continúa molestándome porque señala un problema que hemos terminado aceptando con demasiada naturalidad. Si toda tu vida profesional, tu estatus, tus relaciones y tu futuro dependen de conservar el poder, perderlo deja de ser una alternancia democrática y empieza a parecerse a una desgracia personal. No hace falta ser una mala persona para desarrollar entonces un formidable interés en sobrevivir.
Quizá una democracia del siglo XXI necesite menos personas cuya profesión sea permanecer dentro de la política y más ciudadanos capaces de entrar temporalmente en ella porque saben algo, tienen algo que aportar y aceptan responder por lo que hagan. Seguiremos necesitando dirigentes, arbitraje, autoridad y decisiones. El Estado no puede convertirse en una asamblea interminable. Pero podemos repartir mucho mejor el conocimiento y el control, abrir la elaboración de políticas a quienes conocen realmente las materias y reducir el peaje de partido que hoy condiciona buena parte del acceso al poder.
También podríamos recuperar una idea que ha envejecido sorprendentemente bien: el servidor público debería aceptar una exigencia moral superior a la del ciudadano corriente. No porque sea una criatura moralmente superior, sino porque maneja un poder que no le pertenece. Quien administra dinero ajeno, adjudica contratos, conoce secretos y puede cambiar la vida de miles de personas con una decisión tiene que soportar una transparencia, unas incompatibilidades y una responsabilidad proporcionadas al privilegio que ha recibido. La frase «esto lo hace todo el mundo» puede servir para justificar una chapuza doméstica; pronunciada desde un despacho ministerial debería resultar intolerable.
Ceuta no es un relato
Y termino en Ceuta porque sería indecente utilizar durante páginas lo ocurrido allí para construir una tesis sobre propaganda y abandonar después a la gente que está viviendo las consecuencias. Ceuta no es un ejemplo académico ni un decorado para otra batalla entre Moncloa y Génova. Es una ciudad. Allí hay familias, comerciantes, sanitarios, profesores, policías, militares, funcionarios y empresarios que llevan semanas intentando recuperar una normalidad que el resto de España puede permitirse olvidar en cuanto aparece un titular nuevo.
Juan Jesús Vivas lleva días pidiendo ayuda dentro y fuera de España. Ha reclamado apoyo al resto del país, ha trasladado a las instituciones europeas la situación de la ciudad y ha insistido en la necesidad de esclarecer lo sucedido. La crisis sigue ocupando a las instituciones mientras continúan las discusiones sobre las alertas, las responsabilidades y la respuesta del Estado. No hace falta compartir cada diagnóstico de Vivas para comprender la legitimidad de dos peticiones muy poco sofisticadas: apoyo y verdad.
Defender a los ceutíes tampoco exige deshumanizar a quienes cruzaron la frontera. Algunos llegaron empujados por la pobreza, otros manipulados por redes, otros convencidos de que España ofrecía una oportunidad. Una política digna