FACUA llamó el 2 de octubre a participar en las manifestaciones por la vivienda y responsabilizó a PP, Vox y Junts de la desprotección de los inquilinos. Catorce días antes había anunciado un acuerdo con el Ministerio de Vivienda. El Gobierno había aprobado por real decreto una subvención directa de hasta 120.000 euros para actividades de información, sensibilización y comunicación. La coincidencia temporal no demuestra que el Ministerio pagara aquel llamamiento, pero obliga a aclarar qué contenidos cubre la ayuda.
El 2 de octubre, FACUA animó a participar en las manifestaciones por el derecho a la vivienda. En la misma comunicación señaló a PP, Vox y Junts por haber dejado a millones de inquilinos en la incertidumbre. Ese día publicó además un episodio de su pódcast titulado «Movilízate por el derecho a la vivienda» y un editorial de Rubén Sánchez, «Las derechas, contra los derechos», que enfrentaba el derecho constitucional a una casa con la libertad para especular.
La vivienda española da material de sobra para semejante cabreo. Familias expulsadas, alquileres imposibles, fondos que compran edificios y administraciones que descubren la emergencia cada vez que aparece una cámara. FACUA tiene derecho a tomar partido. Una asociación de consumidores no queda condenada a hablar como un prospecto farmacéutico para conservar su independencia.
El 18 de septiembre, FACUA anunció un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para difundir la Ley de Vivienda, divulgar el teléfono público 047, formar e informar a consumidores y combatir prácticas ilegales o abusivas. El día anterior se había publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el expediente 930233, con un presupuesto máximo de 120.000 euros.
Las dos fechas justifican la investigación, pero no prueban una compra política. Para saber si alguna de las comunicaciones del 2 de octubre se pagó con dinero del proyecto hace falta el presupuesto detallado y la relación de materiales financiados. Ninguno de esos documentos figura entre los que hemos podido consultar.
El BOE registra toda la información
El Real Decreto 538/2026, de 30 de junio, publicado el 4 de julio, regula una subvención directa a FACUA por razones de interés público y social. Esa ayuda no figuraba expresamente en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. El Gobierno justificó su incorporación y la ausencia de concurso por la urgencia de las actuaciones y por la necesidad de asignarlas a una entidad concreta.
El decreto fija un máximo de 120.000 euros. El dinero puede destinarse a información, formación y sensibilización sobre vivienda; difusión de derechos y obligaciones; contenidos derivados del servicio 047; y campañas de control de prácticas ilegales y abusivas. Entre los gastos admisibles aparecen personal, estructura, gestión, consultoría, comunicación y auditoría, siempre que estén vinculados a la actuación subvencionada y recogidos en la resolución.
La diferencia entre «hasta 120.000 euros» y «FACUA cobró 120.000 euros» parece pequeña hasta que uno decide hacer periodismo. El real decreto habilita la ayuda y establece el techo. La ficha de la BDNS registra el expediente y enlaza una resolución, pero no hemos podido recuperar íntegramente ese documento desde la fuente oficial. Tampoco constan en el material reunido la orden de pago, la fecha del abono ni la cuenta justificativa. Por ahora, escribir que FACUA se embolsó 120.000 euros sería ponerle al dinero unas piernas que el expediente consultado todavía no enseña.
El artículo 10 establece que cualquier actuación de difusión sufragada total o parcialmente por la subvención debe mostrar de forma visible el logotipo del Ministerio. La regla permite comprobar materiales concretos, pero antes hay que saber cuáles pertenecen al proyecto. Buscar el logotipo en el pódcast del 2 de octubre sin conocer si ese episodio está incluido en la memoria sería investigar al revés, una técnica muy eficaz cuando la conclusión ya estaba escrita.
La independencia acreditada con documentos
FACUA se presenta como una organización independiente de partidos, empresas y gobiernos. Su portal de transparencia publica cuentas, presupuestos, subvenciones y auditorías. Según la información difundida por la propia asociación sobre 2025, el conjunto formado por FACUA y sus organizaciones territoriales ingresó 2,34 millones de euros en cuotas ordinarias y 1,05 millones mediante subvenciones y convenios públicos. Las cuotas superaron ampliamente las ayudas públicas.
Estos datos impiden dibujar a FACUA como un departamento ministerial con otro logotipo. Recibir dinero público tampoco es irrelevante. Una organización defiende mejor su independencia cuando explica sus relaciones con el Estado, separa funciones y permite comprobar qué pagó cada euro.
Para este proyecto siguen faltando la resolución completa, la memoria, el presupuesto y la relación de materiales financiados. La transparencia general de la asociación no resuelve una pregunta particular. Publicar las cuentas de 2025 está bien. Explicar los 120.000 euros de 2026 estaría todavía mejor, sobre todo cuando el proyecto incluye comunicación y la organización interviene con energía en la batalla política de la vivienda.
El tiempo puede cambiar tu discurso, y el dinero también
El Gobierno presentó sus decretos como una respuesta contra la especulación y pidió apoyo parlamentario. FACUA solicitó su aprobación, aunque los calificó de insuficientes, y señaló después a los tres partidos que podían derribarlos. Gobierno y asociación compartieron adversarios y buena parte del marco verbal durante aquellos días.
Hubo coincidencia de mensajes, aunque no hemos encontrado pruebas de coordinación. El historial inmediato, además, estropea la versión más cómoda de la historia. El 28 de septiembre, ya anunciado el acuerdo con el Ministerio, FACUA consideró insuficientes las medidas del PSOE y reclamó alquileres indefinidos, congelación de precios y expropiaciones a grandes tenedores. En enero había denunciado como «muy grave» su exclusión de una reunión del Consejo Asesor de Vivienda después de criticar una propuesta de Pedro Sánchez.
Una correa de transmisión suele transmitir con menos ruido. FACUA critica al Gobierno, negocia con él, recibe ayudas públicas y coincide con él en algunas campañas. Esa mezcla es bastante más verosímil que la obediencia automática. También exige mejores cortafuegos, porque la independencia proclamada se vuelve creíble cuando sobrevive a la pregunta por el dinero.
El movimiento por la vivienda tiene organización
La segunda rama de la investigación lleva a la European Action Coalition for the Right to Housing and to the City, EAC. El encuentro internacional El Barrio, celebrado en Madrid del 24 al 27 de septiembre, fue impulsado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la propia EAC. Allí se reunieron organizaciones para compartir estrategias, recursos y campañas.
El movimiento por la vivienda posee estructura, reuniones y planificación. Presentar ese hallazgo como si se hubiese descubierto una habitación secreta bajo la Puerta del Sol dice más de nuestra fantasía sobre las protestas que de las protestas mismas. Una movilización numerosa rara vez brota por generación espontánea entre la hora del café y el telediario. Al periodismo le corresponde averiguar quién paga la organización y qué actividades cubre.
Guerrilla Foundation declara que financia a EAC con una ayuda situada en la categoría «20-40k+». Esa horquilla no permite fijar una cantidad exacta. La ficha explica que el dinero sostiene su infraestructura, dos reuniones presenciales durante 2026, investigación, publicaciones, estrategias de campaña, viajes y alojamiento para participantes con pocos recursos.
La ficha acredita financiación de la organización internacional y de parte de su actividad. No permite atribuir a Guerrilla los gastos de El Barrio, las tiendas de Sol o la asistencia de una persona concreta a una manifestación. Cubrir el viaje de un activista tampoco lo convierte en manifestante a sueldo. Para sostener cualquiera de esas afirmaciones harían falta el convenio, el presupuesto de los encuentros y las facturas imputadas.
La web de EAC muestra además los distintivos de Funding Fairer Futures y de cofinanciación de la Unión Europea en materiales como los Housing Action Days 2026. Los logotipos prueban una relación declarada con ese programa en esa actividad. No revelan cuánto recibió EAC ni permiten cargar a fondos europeos los gastos de El Barrio o de Sol.
Soros, el apellido que aparece en este caso
Guerrilla Foundation colaboró en 2016 con Open Society Initiative for Europe, European Cultural Foundation y Charles Léopold Mayer Foundation para crear FundAction. La historia publicada por FundAction sitúa aquel encuentro en Sevilla y explica que las cuatro fundaciones reunieron recursos en 2017. Guerrilla relata la misma colaboración en su propia presentación del proyecto.
La documentación consultada termina ahí. No hemos encontrado pruebas de que el dinero concedido ahora por Guerrilla a EAC proceda de Open Society ni de que FundAction financiara El Barrio o la acampada. La propia FundAction afirma que las decisiones sobre sus ayudas corresponden a la comunidad de activistas y que los financiadores carecen de voto en la concesión de proyectos.
El apellido Soros suele funcionar como el perejil de ciertas investigaciones: se coloca encima y parece que el plato ya está terminado. Aquí solo tenemos una colaboración histórica entre cuatro financiadores para crear otro fondo. Faltan las transferencias que unirían Open Society con la ayuda actual a EAC y, después, con un gasto concreto realizado en Madrid. Sin ellas, el apellido aporta temperatura política y ninguna trazabilidad.
Los papeles que faltan
FACUA ha elegido una posición política reconocible y el Ministerio ha aprobado una ayuda directa para comunicar, formar y sensibilizar sobre vivienda. Los documentos consultados no demuestran que se comprara apoyo político. Lo que falta puede formularse sin rodeos: la resolución definitiva, la memoria económica, el presupuesto aprobado y la lista de contenidos cargados al proyecto.
EAC y Guerrilla deberían aportar el importe exacto, el acuerdo de financiación y el presupuesto de las reuniones de 2026. Los organizadores de El Barrio pueden aclarar qué entidades pagaron viajes, alojamiento, comunicación y espacios. Funding Fairer Futures debería identificar el beneficiario, la actividad y la cuantía correspondiente a EAC.
Esos documentos permitirán separar la financiación ordinaria de una organización de los gastos de una movilización concreta. Mientras no aparezcan, FACUA debe responder por el destino de la ayuda pública y EAC por el origen y uso de sus fondos. Soros, de momento, puede quedarse fuera del titular.