La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España. Le pide que acabe con la discriminación de los trabajadores extranjeros comunitarios en el acceso al empleo público. Bruselas exige que a la hora de contratar y determinar las condiciones de trabajo se compute la experiencia previa en otros estados de la UE.
Este ultimátum se presenta en forma de dictamen motivado, lo que significa que es la segunda fase de un procedimiento de infracción. Este hecho podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo si las autoridades españolas no corrigen los problemas detectados en un plazo máximo de dos meses.
Este caso se refiere a las disposiciones discriminatorias vigentes en varias comunidades autónomas españolas como Andalucía, Galicia o Madrid. Especialmente se resalta la falta de aplicación en profesores y personal sanitario público.
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