Sin previo aviso. El Gobierno ha lanzado la convocatoria de empleo público para 2010 de forma impulsiva y sin dialogar con ningún tipo de organización sindical.
La vicepresidenta De la Vega ha confirmado un recorte de un 87% en la oferta de empleo público con lo que tan sólo se convocarían 1.989 plazas para 2010.
Las personas que estén preparando una oposición y tengan la esperanza de acceder a un puesto para toda la vida, lo tienen difícil. La crisis aprieta y la tranquilidad de un puesto fijo no está al alcance de todo el mundo.
Este número de plazas convocadas supone la cifra más baja en los últimos años y se ha convocado sin haber consultado ni establecido ningún tipo de negociación con funcionarios y sindicatos.
Este comportamiento quizá se deba a que a la hora de anunciar este tipo de cosas, es mejor no decir nada antes. La cifra es ricídula en comparación con las más de 15.000 plazas convocadas el pasado año, por lo que funcionarios y sindicatos están que hechan humo. Tanto la decisión del gobierno, como la forma de afrontar este hecho han cabreado a estas organizaciones que ahora se echan encima de las autoridades.
Aunque es cierto que hay determinados sectores con exceso de funcionariado, no todas las áreas públicas se enfrentan a la misma situación. La congelación de la oferta de empleo público no hará sino perjudicar a sectores que se enfrentan con una preocupante falta de profesionales y la fuga de nuevos licenciados. Es el caso de la sanidad, en la que se produce una doble situación: por un lado, la falta de contratación de profesionales con respecto a la demanda natural; y por otro lado la fuga de licenciados y nuevos talentos que prefieren emigrar a otros países después de ver las condiciones laborales y la falta de apoyo que se da en España a los profesionales sanitarios.
La justificación que ha dado el Gobierno es que hay que «ahorrar» 280 millones de euros para poder cumplir el plan de contención y reducir el gasto en personal, algo muy irónico si tenemos en cuenta el sueldo de altos cargos y el sistema privilegiado de pensiones que reciben Ministros, parlamentarios y secretarios de Estado.
¿Qué opinas del número de plazas ofertadas y la justificación que da el Gobierno? ¿Crees que ha dado la espalda a los sindicatos al tomar esta decisión?