Hace unos años aproveché este medio para escupir algunas ideas que me rondaban la cabeza, simplemente para ver si tenían algún sentido o no y a modo de borrador. Planteé una propuesta que intentaba no dejar demasiado espacio para la indiferencia: reducir radicalmente el poder que hoy concentran los partidos políticos y sustituir una parte de ese sistema por una gobernanza descentralizada, organizada alrededor de clusters de conocimiento y apoyada en tecnología, inteligencia artificial y nuevas formas de participación ciudadana.
Llevo demasiados años exasperándome, probablemente como tú, al ver que personas que no conocen una materia terminan tomando decisiones sobre ella porque ocupan el lugar correcto dentro de un partido. Cambia el Gobierno, cambian los nombres, cambia el color y una parte considerable de la estructura permanece intacta. La casta política tiene una extraordinaria capacidad para sobrevivir a casi cualquier resultado electoral. Y lo peor es que pienso que no piensan ni en ti ni en mí, sino en cómo sobrevivir dentro de este sistema de privilegios que se han construido para ellos.
Mi primera reacción fue bastante sencilla: si alguien va a decidir sobre Sanidad, Educación, Energía o Tecnología, quizá deberíamos dar mucho más peso a quienes conocen esos sistemas de verdad. Después seguí analizando mis ideas para buscar agujeros y encontré demasiados, así que lo dejé. Pero con la llegada de la IA retomé el proyecto y desarrollé una nueva versión más pulida en la que necesito que usted, lector, me ayude a entender qué está bien, qué está mal y qué es simplemente una locura, porque si no este proyecto terminará aquí.
Lo único que sé es que, como ciudadano, siento que ha llegado el momento de reinventar, cambiar, renovar el sistema —no sé muy bien cómo llamarlo—, aunque sí creo que para echar a quienes nos dominan hará falta algo más que palabras. Y aquí, si te apetece leer esta propuesta, te dejo mis ideas al respecto.
El 15-M: cuando se empezó a cuestionar el sistema
Hay un episodio al que vuelvo con frecuencia cuando pienso en todo esto: el 15-M. No porque crea que aquello fuera perfecto ni porque pretenda convertir las acampadas de Sol en un mito democrático. Había posiciones muy distintas, contradicciones y una enorme dificultad para transformar el malestar en un programa político coherente. Pero durante unas semanas ocurrió algo que todavía me parece excepcional: ciudadanos con ideas muy diferentes consiguieron ponerse de acuerdo en que el problema no era solo quién gobernaba, sino también algunas de las reglas con las que se gobernaba.
El 26 de mayo de 2011 la asamblea de Sol alcanzó un consenso de mínimos en torno a cuatro cuestiones: reforma electoral para mejorar la representación y la participación ciudadana, lucha contra la corrupción y mayor transparencia, separación efectiva de poderes y creación de mecanismos de control ciudadano y responsabilidad política. Nada especialmente revolucionario si se lee hoy. Más bien una relación bastante elemental de exigencias democráticas.
Yo recuerdo además un quinto bloque que aparecía de manera recurrente en foros y debates: adelgazar instituciones consideradas redundantes o poco útiles, con especial atención al Senado y a las diputaciones. La supresión del Senado sí apareció posteriormente entre las propuestas debatidas por grupos vinculados al movimiento. No puedo presentar la eliminación de las diputaciones como parte del consenso oficial porque no lo fue, pero sí recuerdo perfectamente que formaba parte de aquella conversación sobre duplicidades, estructuras territoriales y falta de responsabilidad política.
Lo que más me impresionó entonces fueron las encuestas. Mi recuerdo era que alrededor del 90 % de los españoles compartía aquellas reivindicaciones. El dato exacto no era ese, pero se acercaba bastante en algunos aspectos: en junio de 2011, un sondeo de Metroscopia señalaba que el 90 % quería que los partidos cambiaran su forma de funcionar para atender mejor a lo que pensaban los ciudadanos, el 81 % consideraba que los indignados tenían razón y el 70 % afirmaba que ningún partido representaba sus intereses. No era un 90 % apoyando literalmente cada uno de los cuatro puntos de Sol, pero sí un grado de consenso extraordinario sobre el deterioro de la representación política.
Y recuerdo especialmente a Mariano Rajoy. En junio de aquel año, en pleno debate sobre los indignados, afirmó: «Más de 23 millones, una mayoría, lo han expresado en las urnas; otros, de otras maneras». Sé perfectamente cuál era el contexto y sé también que estaba condenando los incidentes producidos alrededor del Parlament de Cataluña. Pero aquella frase se me quedó grabada. Yo la viví como un desprecio. Como si la única expresión políticamente relevante fuese la que pasa por la urna y todo lo demás perteneciera a una categoría inferior, la de quienes se manifiestan «de otras maneras».
Rajoy tenía razón en algo importante: una plaza no puede atribuirse la representación de todo un país. Pero el sistema cometía el error contrario si entendía que una protesta sin mayoría parlamentaria podía ser ignorada. El 15-M estaba señalando problemas muy concretos sobre representación, corrupción, separación de poderes y control ciudadano. Quince años después sigo preguntándome qué tiene que ocurrir para que un consenso social muy amplio sobre las reglas consiga traducirse en una reforma de esas mismas reglas. Porque si el sistema solo puede cambiar mediante las organizaciones que viven de él, el incentivo para cambiarlo parece bastante limitado.
1. El sufragio técnico cualificado: el liderazgo de los que saben
La idea central sigue siendo organizar una parte de la gobernanza alrededor de clusters de conocimiento. Sanidad, Educación, Economía, Energía, Justicia, Tecnología y aquellos ámbitos que tengan suficiente entidad para requerir estructuras propias de decisión. No hablo de entregar Sanidad a cinco catedráticos ni Educación a un consejo de rectores. Hablo de conseguir que las personas que conocen un sistema desde dentro tengan capacidad real para intervenir en la forma en que se gobierna.
En Sanidad deberían participar médicos, enfermería, auxiliares, técnicos, celadores, gestores y demás profesionales que conocen el funcionamiento cotidiano del sistema. También investigadores, titulados, estudiantes avanzados y colectivos directamente afectados, como asociaciones de pacientes. Lo mismo podría trasladarse, con las adaptaciones necesarias, a Educación, Justicia, Energía o cualquier otro ámbito.
Sigo pensando que esto tiene más sentido que nombrar responsable de una materia compleja a alguien cuya principal credencial consiste en ocupar la posición adecuada dentro de un partido. Pero el primer problema apareció pronto: los expertos también tienen intereses. Si dejamos la Sanidad exclusivamente en manos de sanitarios, podemos sustituir la casta política por una casta sanitaria. Lo mismo ocurriría con profesores, jueces, banqueros, ingenieros o cualquier colectivo al que entregásemos el control de su propio sector.
Por eso mantengo el sufragio técnico, pero introduciría un contrapeso ciudadano real. Cada cluster tendría una Cámara Técnica encargada de analizar problemas, elaborar propuestas, evaluar resultados y participar en la ejecución, y una Cámara Ciudadana con capacidad de ratificar, devolver o bloquear aquellas decisiones que tengan un impacto relevante sobre el conjunto de la sociedad.
Esa segunda cámara no debería convertirse en una reproducción del Parlamento. Me interesa mucho más la posibilidad de ciudadanos seleccionados por sorteo, con criterios de representatividad, que dispongan de tiempo para recibir documentación, escuchar a expertos con posiciones enfrentadas y deliberar antes de pronunciarse. No quiero que un fontanero tenga que fingir que entiende mejor la organización de un servicio oncológico que un oncólogo. Tampoco quiero que el oncólogo decida por sí solo cuánto dinero público debe destinarse a Sanidad. El conocimiento debe pesar más, pero no otorga una ciudadanía de primera categoría.
El presupuesto: los límites de la tecnocracia
Este es uno de los problemas que no vi en la primera versión y que ahora me parece esencial. Imaginemos que Sanidad demuestra que necesita 20.000 millones adicionales, Educación solicita otros 15.000, Vivienda 30.000 y Defensa 20.000. Todos pueden tener excelentes argumentos dentro de su ámbito y ser, al mismo tiempo, incompatibles desde el punto de vista presupuestario.
Ahí reaparece la política en su sentido más profundo. Decidir si preferimos subir impuestos, incrementar deuda, reducir gasto militar para aumentar el sanitario o aceptar determinadas carencias a cambio de una menor presión fiscal no puede resolverse únicamente mediante conocimiento técnico. Son decisiones sobre prioridades, costes y sacrificios colectivos.
La IA podrá ayudarnos a simular escenarios, anticipar consecuencias y presentar alternativas con un grado de precisión muy superior al actual. Podrá mostrarnos qué ocurre con la deuda, la recaudación, el empleo o el crecimiento si destinamos diez mil millones adicionales a una política concreta. Pero no puede decidir qué estamos dispuestos a sacrificar como sociedad. Ahí debe permanecer una decisión política y ciudadana.
Por tanto, tendría que existir un marco fiscal general y las grandes decisiones presupuestarias deberían conservar una legitimidad común. Los clusters competirían por recursos mostrando objetivos, costes, impacto esperado y resultados previos, pero no podrían convertirse en compartimentos estancos que gastan sin asumir las consecuencias sobre el resto del Estado.
Los partidos políticos y su recurrencia
Otra de las objeciones destruye una parte de mi planteamiento inicial. Supongamos que mañana prohibimos los partidos. Nada impediría que cincuenta candidatos con ideas parecidas se coordinaran, compartieran financiación, programa, comunicación y estrategia electoral. En poco tiempo habríamos creado de nuevo un partido, aunque lo llamásemos plataforma, movimiento o agrupación ciudadana.
Cada vez me interesa menos, por tanto, hablar de suprimir los partidos y más de acabar con su monopolio sobre la representación política. Las personas van a asociarse para defender intereses e ideas comunes, y además deben poder hacerlo. El problema empieza cuando esas organizaciones controlan las listas electorales, las carreras profesionales, el acceso a las instituciones y finalmente el voto de centenares de representantes sometidos a una disciplina interna que a menudo pesa más que su criterio individual.
La política tampoco puede desaparecer. Alguien tiene que gobernar y alguien debe responder cuando una decisión sale mal. Durante una pandemia, una guerra, una crisis financiera o un apagón no podemos convocar un proceso deliberativo nacional para cada medida. Tendría que existir un Ejecutivo reducido, identificable y sometido a controles fuertes. Incluso estudiaría la elección directa de su máximo responsable por sufragio universal. No tengo todavía resuelto el diseño, pero sí una convicción: un sistema tan distribuido que nadie pueda determinar quién tomó una decisión corre el riesgo de convertir la descentralización en irresponsabilidad.
El poder del loby un gran problema
El conocimiento tampoco inmuniza frente a los intereses económicos. Un cluster energético podría quedar dominado por grandes eléctricas, uno sanitario por la industria farmacéutica, uno financiero por los bancos y uno tecnológico por las grandes plataformas. La cualificación técnica no garantiza independencia.
Por eso la participación en estos órganos debería acompañarse de reglas de transparencia e incompatibilidad mucho más exigentes: declaración pública de intereses, financiación trazable, registro de reuniones, límites temporales, periodos de incompatibilidad antes y después del ejercicio de determinadas responsabilidades y mecanismos efectivos de recusación cuando exista un conflicto directo.
No necesito que un experto finja que carece de intereses. Prefiero saber cuáles son. Así que el lobista debe estar prohibido porque es como poner el queso al ratón siempre pica.
2. Inteligencia artificial en la Justicia: automatizar sin perder control
En la primera versión llevé demasiado lejos la idea de la IA judicial. Planteaba una primera capa automática capaz de resolver asuntos sencillos y dejar posteriormente abierta la posibilidad de recurso ante un tribunal humano. Cuanto más he estudiado el problema, menos me convence que una máquina deba dictar una sentencia, aunque exista después una revisión.
La Constitución española reserva la potestad jurisdiccional a jueces y tribunales y la regulación europea de inteligencia artificial trata los sistemas utilizados en la Administración de Justicia como aplicaciones de especial riesgo. Pero, más allá del marco jurídico, hay una razón más sencilla: cuando el Estado adopta una decisión capaz de afectar de forma grave a los derechos de una persona, debe existir alguien responsable de ella.
Eso no impide utilizar la IA de manera mucho más ambiciosa de lo que hacemos ahora. Puede ordenar miles de páginas de un expediente, localizar legislación y jurisprudencia, detectar contradicciones, comparar casos anteriores, identificar hechos controvertidos y preparar incluso una propuesta de resolución argumentada. El juez revisa ese trabajo, lo corrige, lo modifica o lo rechaza y finalmente adopta la decisión.
También revisaría mi concepción inicial de la explicabilidad. No necesitamos que un sistema nos revele de forma casi metafísica todo su funcionamiento interno. Necesitamos trazabilidad: qué documentos ha utilizado, qué legislación y jurisprudencia ha consultado, qué criterios han intervenido y qué supervisión humana ha existido. «Lo ha decidido el algoritmo» no puede convertirse en la nueva versión administrativa de «vuelva usted mañana».
Sigue quedando el riesgo de una Justicia de dos velocidades. Si una vía apoyada por IA tarda dos días y la revisión humana tres años, hablar de libre elección sería bastante engañoso. La solución que propuse inicialmente —cobrar una tasa elevada a determinadas empresas que quisieran acudir a la vía humana— tampoco me convence ya. Automatizar debería servir para liberar tiempo de los jueces y reducir los plazos de la Justicia humana, no para crear una Justicia rápida y automatizada para quien no puede esperar y otra más garantista para quien dispone de recursos.
Me sigue interesando, en cambio, fijar objetivos de plazo que hoy pueden parecer casi ingenuos. ¿Por qué no aspirar a que determinados recursos puedan obtener una resolución humana en sesenta días? El número exacto puede discutirse y habrá procedimientos que requieran mucho más tiempo, pero si la digitalización de la Justicia solo sirve para reducir costes y seguimos tardando años en resolver, habremos automatizado la burocracia sin arreglar el problema.
3. El riesgo de construir el Gran Hermano perfecto
Cuanto más digitalizamos este modelo, más evidente resulta su reverso autoritario. Para determinar en qué cluster puede participar cada persona, el Estado podría sentirse tentado a centralizar títulos, empleo, ingresos, información fiscal, salud, historial administrativo y cualquier otro dato que facilite verificar nuestra identidad y nuestros derechos. Sería extraordinariamente eficiente y también una infraestructura de control formidable si algún día llegara a manos de un Gobierno dispuesto a utilizarla con otros fines.
Por eso el sistema debería diseñarse pensando no en el Gobierno que más nos gusta, sino en el peor Gobierno que podamos imaginar. El Estado no necesita conocer dónde trabajo para comprobar que tengo una determinada cualificación profesional. Necesita verificar que cumplo los requisitos.
La identidad soberana, las credenciales verificables y las pruebas de conocimiento cero permiten avanzar en esa dirección: demostrar una condición sin revelar necesariamente todos los datos que la sustentan. Si quiero acreditar que soy sanitario para participar en ese cluster, el sistema necesita validar una credencial, no acceder a toda mi vida laboral, mis ingresos o cualquier otro dato irrelevante para esa comprobación.
En el artículo inicial hablé de privacidad absoluta. Fue una exageración. No existe. Siempre habrá errores, dispositivos comprometidos, vulnerabilidades y personas capaces de utilizar mal un sistema. Pero sí podemos establecer un principio que me parece fundamental: el Estado debería conocer lo mínimo imprescindible sobre nosotros.
Votar desde casa con libertad
El voto electrónico plantea otro problema evidente. En una cabina electoral nadie debería saber qué has votado. En casa, un jefe, una pareja, un sindicato o cualquier organización con capacidad de presión puede obligarte a votar delante de ellos.
La solución que propuse inicialmente fue permitir volver a votar y contabilizar únicamente el último voto válido. Después descubrí que Estonia lleva años utilizando un mecanismo parecido en su sistema de voto por internet. Si alguien me obliga a votar A a las diez de la mañana, puedo hacerlo y, cuando desaparezca la presión, volver a entrar y votar B. Incluso un voto posterior en papel puede prevalecer sobre el electrónico.
No elimina todos los riesgos del voto remoto, pero dificulta considerablemente la coacción y la compra de votos porque quien presiona al elector nunca puede estar completamente seguro de que ese voto no haya sido modificado después.
También he revisado el papel que atribuía a blockchain. En la primera versión ocupaba un lugar central, quizá excesivo. Hoy lo veo de manera mucho más instrumental. Lo que necesitamos de un sistema de voto y participación digital es integridad, trazabilidad, auditabilidad, secreto y resistencia frente a la manipulación. Si una arquitectura blockchain ofrece mejores garantías para alguna de esas funciones, tendrá sentido utilizarla; si existen soluciones más simples, robustas o eficientes, no veo razón para imponerla por una cuestión casi doctrinal. La tecnología debe quedar subordinada al diseño institucional, no condicionar de antemano cómo organizamos el Estado.
4. La jefatura del Estado: pragmatismo antes que trincheras ideológicas
No me interesa convertir todo este proyecto en otra batalla entre monárquicos y republicanos. La monarquía parlamentaria puede aportar continuidad institucional, representación exterior y una figura separada de la confrontación cotidiana entre partidos. Eso tiene valor. Pero también existe una contradicción evidente entre un sistema que pretende reforzar mérito, control y legitimidad democrática y una jefatura del Estado que se transmite por nacimiento.
Mi propuesta sigue siendo una ratificación generacional. Cada quince o veinte años —el periodo exacto debería discutirse— los ciudadanos podrían decidir si quieren mantener la institución. Si conserva legitimidad social, continúa. Si deja de tenerla, existe un procedimiento conocido y pacífico para modificar la forma de la jefatura del Estado sin esperar a que una crisis política convierta el debate en una guerra de posiciones.
No necesito presentar esta fórmula como una práctica habitual de las monarquías europeas porque no lo es. Es una propuesta propia que intenta combinar estabilidad institucional y legitimidad democrática. Su aplicación exigiría una reforma constitucional de enorme profundidad, pero tampoco estamos hablando de modificar el reglamento de una comunidad de vecinos. Si de verdad queremos discutir cómo debería funcionar el Estado, habrá que aceptar que algunas respuestas obligan a cuestionar estructuras que llevamos décadas considerando inamovibles.
Temas pendientes de trabajar y que espero que me ayudes
El modelo me convence bastante más que el que escribí hace unos años, pero continúa teniendo agujeros importantes. No tengo resuelto quién crea o elimina un cluster, cómo se decide a qué ámbito pertenece una política que afecta al mismo tiempo a Economía, Energía y Medio Ambiente, cuánto poder extraordinario debe recibir un Ejecutivo durante una guerra o una pandemia o cómo protegemos los derechos de una minoría cuando una mayoría pretende imponerle su voluntad.
Tampoco sé todavía cómo impedir que una democracia mucho más participativa termine convertida en una sucesión de votaciones emocionales, condicionadas por redes sociales, campañas de desinformación, bots o simplemente por el cabreo del día. Más participación no equivale automáticamente a mejores decisiones. Algunas decisiones necesitan información, deliberación y tiempo suficiente para que una persona pueda incluso cambiar de opinión.
Podría inventarme ahora una solución para cada uno de estos problemas y dejar el artículo perfectamente cerrado, pero volvería a cometer el mismo error que hace unos años. Prefiero publicar la propuesta en el punto en el que está y seguir intentando romperla. La inteligencia artificial me permite hoy hacer algo que entonces requería muchísimo más tiempo: enfrentar una idea a argumentos contrarios, buscar precedentes, comparar sistemas y descubrir que algunas soluciones que parecían brillantes eran simplemente ocurrencias.
Eso no me hace confiar menos en el proyecto. Al contrario. Cada pieza que sobrevive después de intentar desmontarla me interesa mucho más que cuando se me ocurrió.
Así que esta sigue siendo una propuesta abierta. Si ves un agujero, una contradicción o directamente una barbaridad, prefiero que me la señales a que me digas que estás de acuerdo conmigo. Si de verdad creemos que ha llegado el momento de renovar el sistema, antes tendremos que ser capaces de imaginar uno que funcione mejor y, sobre todo, de someterlo a la misma dureza con la que criticamos el que tenemos.