Una sentencia obligó el pasado 22 de noviembre al colegio público Macías Picavea, de Valladolid, a retirar los crucifijos que adornaban las paredes de sus aulas. Un grupo de padres había demandado al centro en 2005 por el uso de símbolos religiosos. Se trata de la primera sentencia de este tipo que se falla en España.
El juez consideró que la presencia de los crucifijos en un centro donde acuden menores “en plena fase de formación de su personalidad” podría “provocar en estos menores el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación”. La sentencia recalca que estos símbolos vulneran los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, que definen a España como un estado no confesional, donde priman la igualdad y la libertad de conciencia.
Para la confederación católica CONCAPA, esta decisión es fruto de “una política de ataque rabiosamente laicista contra los símbolos religiosos”. En el otro extremo, Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) ha pedido que los crucifijos se prohíban también en las escuelas concertadas, puesto que reciben subvenciones públicas.
La postura del gobierno es neutral. A pesar del precedente jurídico, la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, declaró que el gobierno dejará en manos de los consejos escolares la decisión de mantener o retirar los crucifijos de sus aulas. “Muchas veces, establecer normas generales de carácter obligatorio, en lugar de resolver problemas lo que hace es crearlos”, argumentó.
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