La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez Fernández, ha destacado la necesidad de invertir en cursos de formación para desempleados. Durante la inauguración del encuentro internacional «Formación para el empleo: Claves de futuro» ha destacado la necesidad de que la inversión en formación para desempleados sea mayor que la inversión para la formación de trabajadores.
Actualmente superior a la cuantía que se invierte en las acciones formativas para trabajadores, puesto que en la actualidad la «urgencia» son los «más de cuatro millones de personas que están en paro».
Según recordó Rodríguez Fernández, la decisión acerca de que la inversión en formación fuera destinada en un 60% a los trabajadores y en un 40% a los parados se hizo en un momento en que «no apremiaba la situación de desempleo» y se rozaba «el pleno empleo». Por ello, consideró que ahora las prioridades deberían cambiar para buscar un «mejor equilibrio».
Asimismo, ha recalcado la importancia de adaptar las acciones formativas a las necesidades de los trabajadores, punto en el que ha señalado la economía verde, el desarrollo de los servicios de bienestar social y las nuevas tecnologías, como objetivos principales de tales acciones.
La secretaria de Estado de Empleo ha resaltado que hay que mejorar la gestión y que se debe evaluar la formación en función de su calidad, no del impacto en el mercado de trabajo ni en la importancia de establecer las acciones en función de los territorios.
La formación para trabajadores en España ha experimentado un cambio con respecto a 2004, cuando eran 600.000 los trabajadores que disfrutaban de programas de formación. Hoy en día lo hacen más de tres millones.
Rodríguez Fernández ha afirmafo que casi un 90% de las grandes compañías y un 50% de las medianas empresas se prestan formar a sus trabajadores, aunque ha señalado que el escaso porcentaje de pequeñas empresas que se animan hacerlo constituye «un reto por cubrir«
Por otro lado, Rodríguez Fernández puntualizó que sería positivo que las acciones formativas «tuvieran una acreditación equiparada a los títulos del sistema educativo». Eso supondría una titulación que permitiría demostrar los conocimientos sin necesidad de comprobación empírica.
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